Por el presunto trámite irregular del acuerdo en el cual se aprobó una exención parcial tributaria, con la finalidad, al parecer, de beneficiar a un futuro contratista.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Fernando Vargas Mendoza, en su calidad de alcalde municipal de Bucaramanga para la época de los hechos, y a los entonces concejales Carmen Lucía Agredo Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez, Cleomedes Bello Villabona, Dionisio Carrero Correa, Henry Gamboa Meza, Elida Mantilla Rodríguez, Carolina Moreno Rangel, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García y Jaime Rodríguez Ballesteros.

Los hechos materia de investigación se relacionan con el presunto trámite irregular del acuerdo 100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que disminuyó la tarifa de la estampilla pro -  bienestar del anciano, del 2% al 1%.

Para adelantar la investigación, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformó una Comisión Especial Disciplinaria integrada por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el procurador auxiliar disciplinario y la procuradora regional Santander.

La Comisión Especial Disciplinaria consideró que en su condición de alcalde, el señor Vargas Mendoza sancionó el citado acuerdo, el cual aprobó una exención parcial tributaria, con la finalidad, al parecer, de beneficiar a un futuro contratista.

Con esta actuación se pudo haber violado el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria, hecho con lo cual se pudo incurrir en falta disciplinaria calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo.

Así mismo, por cuanto en la exposición de motivos y en la ponencia del Proyecto de Acuerdo 139 del 2 de diciembre de 2009, al parecer, no se incluyó la renta sustituta, por medio de la cual el municipio de Bucaramanga iba a reponer los recursos que no le ingresarían, al aplicar una tarifa del 1% en la estampilla pro bienestar del adulto mayor al contrato que tenía por objeto elaborar los estudios y diseños de la fase III y construcción del viaducto de la carrera novena y sus obras complementarias.

De otra parte, el Ministerio Público consideró que los concejales investigados, que con su voto aprobaron el referido Acuerdo Municipal, pudieron incurrir en falta disciplinaria al crear una exención parcial tributaria, con la cual se pudo beneficiar a un futuro contratista, con violación del principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta sustituta, por medio de la cual se repusieran los recursos dejados de percibir por el municipio.