Más de ocho horas duró el debate de aprobación de la reglamentación del fuero militar en las sesión conjunta de las comisiones primeras.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al defender la iniciativa gubernamental, explicó que “estamos aquí porque se necesita que en el marco de la democracia el instrumento para la defensa de los ciudadanos, la Fuerza Pública tenga un marco para su juzgamiento a la luz de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario”.

El proyecto que será debatido ahora por separado en las plenarias de Senado y Cámara, busca reglamentar el acto legislativo que modificó los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional, como una respuesta integral al problema de ausencia de garantías y reglas claras para los miembros de la Fuerza Pública.

El debate se trató de enredar en el artículo 33, hasta tal punto que se  tuvo que repetir la votación en el Senado cuando se proponía retirarlo, porque el resultado fue un empate.

Una vez se destrabo la discusión de ese artículo, se decidió dejar el polémico artículo, pero con la modificación de la comisión accidental, eliminando lo propuesto en la ponencia: “No se podrá inferir sin elementos probatorios específicos que unidades de la Fuerza Pública o sus miembros conforman estructuras jerárquicas que operan al margen del derecho”.

El artículo quedó así: “Una persona solo podrá ser declarada responsable como autor mediato a través de aparatos organizados de poder si en un proceso penal se prueba, más allá de toda duda razonable, cada uno de los siguientes elementos concurrentes:

1. La persona lidera una estructura jerárquica ilegal.

2. Los miembros de la estructura jerárquica cumplen automáticamente las órdenes del líder.

3. Los miembros de la estructura jerárquica pueden ser intercambiados en caso de una negativa a cumplir las órdenes del superior.

4. El aparato actúa completa y estructuralmente al margen del derecho.

5. El líder ha ordenado la comisión de una o más conductas típicas a los miembros de la estructura jerárquica”.

El representante liberal Guillermo Rivera informó que el Ministerio de la Defensa aceptó retirar el artículo porque podría dar diversas interpretaciones jurídicas las cuales podrían llevar a la libertad de militares condenados.

El fiscal Eduardo Montealegre también expresó su inconformismo por el contenido de ese artículo.

Una vez aprobado, el representante Germán Navas, del Polo Democrático, advirtió que eso era una ofensa a los jueces, “porque ustedes parten del presupuesto de que los jueces están condenando sin elementos probatorios. Se supone que para demostrar un acuerdo de voluntades, el caso de Rito Alejo y Plazas Vega, no hay que hacer advertencia al juez. Se supone que el juez sin pruebas no puede condenar”.

Entre tanto el representante conservador Carlos Augusto Rojas defendió el artículo como estaba en la ponencia, señalando que “no puede ser que si un soldado se le dispara un fusil y mata a alguien tenga que ser imputado el comandante. Eso rompe con la imputabilidad y la responsabilidad penal individual”.