Una política  pública para las pymes de ingeniería, un plan maestro de trasporte para varias décadas, las autopistas urbanas concesionadas y la defensa de la ingeniería local, son algunas de las propuestas presentadas a los candidatos presidenciales sugeridas por las empresas dedicadas a la construcción de infraestructura.

Un documento que recoge 10 propuestas que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) considera prioritarias para seguir avanzando en este sector estratégico para el desarrollo nacional, presentó ayer ese gremio a los aspirantes presidenciales y a sus equipos de campaña.

“Independientemente de quién llegue a la Presidencia de la República, la CCI aspira a que estas propuestas, sean estudiadas con seriedad por parte de los diferentes candidatos. Entendemos que la infraestructura va aumentar su brillo como sector estrella de la economía. En ese sentido, valoramos los avances que hasta este momento se han surtido, pero somos conscientes que son muchos los aspectos en que aún se debe avanzar para seguir construyendo una infraestructura competitiva”, aseguró Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI.

A través de un comunicado, la CCI dio a conocer un resumen de las propuestas, cuya ampliación fue enviada a los candidatos en un documento titulado “Para seguir construyendo”.

 

1

 

Impulsar un plan maestro de transporte de muy largo plazo, que trascienda y supere los límites estrechos de los planes cuatrienales, y prevea para las próximas décadas la demanda de servicios en este frente, y que se inspire en los postulados de un sistema multimodal y de un patrón que garantice la eficiencia del gasto en infraestructura, a la luz de un modelo que desde el punto de vista costo–beneficio justifique la realización de cada una de las obras.

 

2

 

Relegitimar en el país el papel fundamental de la Ingeniería de Consulta, para lo cual el presupuesto público deberá apropiar partidas generosas de preinversión en los estudios y diseños que realizan los consultores, lo que a su vez garantiza la calidad de las obras.

 

3

 

Aprovechar las grandes inversiones que se avecinan en este sector, para fortalecer a la ingeniería local, y no para debilitarla privilegiando a las firmas extranjeras.

 

4

 

Concertar con los gremios del sector una política pública para fortalecer e impulsar el crecimiento y la modernización de las pymes de ingeniería, que hoy representan más del 90 por ciento de este sector.

 

5

 

Profundizar, como lo recomienda Fedesarrollo en un estudio realizado para el gremio, la institucionalidad y la inversión en infraestructura en las regiones más pobres y aisladas, en consonancia con el propósito de la paz.

 

6

 

Utilizar el mecanismo de las asociaciones público privadas APP, para reducir el déficit de infraestructura en los centros urbanos. Por esta vía existe, además, la posibilidad de implementar las autopistas urbanas, donde a través de la inversión privada, puede proveerse nueva infraestructura vial, incluyendo los carriles para la operación de los sistemas de transporte masivo SITM, sin requerir recursos públicos.

 

7

 

Impulsar tres ajustes o reformas legales sustanciales, a saber: Complementar la Ley de Infraestructura, 1682 de 2013, en aspectos básicos de orden institucional, especialmente en el campo ambiental y minero.

A su vez, promover la revisión del límite del 20 por ciento de recursos estatales establecido en la Ley 1508 de 2012 sobre asociaciones público privadas para las iniciativas particulares que requieran de tales desembolsos, en cuanto dicho porcentaje debe depender, exclusivamente, de las particularidades y necesidades de cada proyecto.

Y revisar el sistema de sorteo previsto en el Decreto 100 de 2013 para escoger a los precalificados en los procesos de contratación de APPs, a fin de reemplazarlo por un mecanismo de licitación abierta, que garantice la participación de todos los posibles oferentes y la mayor eficiencia en el proceso.

 

8

 

Previa concertación con las partes, promover el trámite legislativo de un proyecto de Ley Estatutaria sobre consultas previas a las comunidades étnicas, tema sobre el cual existen múltiples cuellos de botella que afectan el interés general del país alrededor de un sinnúmero de obras fundamentales.

 

9

 

Realizar ajustes a la institucionalidad adoptada para el sector en los últimos años, especialmente en la ANLA, a fin de agilizar el licenciamiento medio ambiental; en la Agencia Nacional de Contratación a fin de que sea entidad otorgue los mayores esfuerzos a la pedagogía e implementación de buenas prácticas y pliegos tipo de contratación; y en la ANI, a fin de que esta última entidad refuerce su condición técnica para tramitar y evacuar oportunamente las asociaciones público-privadas.

 

10

 

Garantizar al mercado financiero y constructor estabilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica y solución ágil de conflictos, y reforzar la confianza entre los entes contratantes y los contratistas, no sólo como presupuesto básico de nuestro Estado de Derecho, sino también como prerrequisito para el avance ágil de las obras.

 

“Pasos hacia adelante”

 

“Las reflexiones aquí planteadas, confirman que hoy la discusión alrededor de los temas de transporte es distinta a la de hace cuatro años. Los pasos hacia adelante que se han dado hasta el momento son los primeros esfuerzos para impulsar en el país una infraestructura moderna y competitiva. Sin embargo, todavía quedan varios retos por alcanzar”, finalizó Caicedo.