“El Plan de Acción Laboral (PAL) entre Colombia y Estados Unidos ha contribuido con la protección a los derechos laborales y sindicales reconocidos a nivel internacional y prevención de la violencia contra dirigentes sindicales”.

 

El señalamiento lo hizo el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, al cumplirse hoy 4 años de la suscripción del plan desde abril de 2011, entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Estados Unidos, Barack Obama, y que sirvió para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

 

Garzón resaltó que el trabajo conjunto, ordenado, juicioso de los dos gobiernos y sus esfuerzos han permitido dar cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos asumidos.

 

Explicó:“Aún tenemos retos por desarrollar y seguiremos avanzando para superar los problemas y obstáculos en beneficio de los derechos y las garantías laborales”.

 

Pese a que Colombia ha experimentado un fuerte y sostenido crecimiento en la última década, las políticas dirigidas a los más vulnerables deben reforzarse porque aún persisten desigualdades: “Ahí tenemos un reto sin precedentes. La pobreza es mayor en las zonas rurales, 42,8%, mientras que en las zonas urbanas es de 26,9 % (cifras a 2013), motivo por el cual hemos planteado un nuevo escenario de cooperación con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que permitirán continuar avanzando en los desafíos que tenemos y en una mirada más profunda que nos permitan avanzar el trabajo en el campo. Nuestra prioridad romper la dramática informalidad, en 13 áreas metropolitanas es en promedio del 49%, en el país del 64%, en el campo 88%”, manifestó el titular de la Cartera Laboral.

 

Un informe del Ministerio del Trabajo muestra los resultados obtenidos en los 10 capítulos que contiene el Plan con tareas y acciones específicas.

 

Fortalecimiento Institucional

 

El Ministerio del Trabajo en sus 3 años de creado cuenta con una estructura hoy más fuerte, no solo en las relaciones laborales sino que se creó el Viceministerio de Empleo y Pensiones, con funciones que han permitido un mayor crecimiento de la formación del empleo formal, pues se han creado 2 millones 710 mil empleos, y la tasa de desempleo disminuyó de 10.8% en 2011 a 9,1% en 2014.

 

De acuerdo con los estándares internacionales en Colombia existen 8 millones 475 mil 437 trabajadores que son sujetos a la inspección de trabajo, y por ello, se aumentó la planta de inspectores de 480 a 904, que representa una tasa de 5 a 10,66 en relación con la población trabajadora. El proceso de creación de cargos y disponibilidad ya se cumplió y se están incorporando todos los inspectores.  En la actualidad el país cuenta con 703 inspectores en ejercicio, distribuidos en 35 Direcciones Territoriales.

 

Así mismo, el Ministerio del Trabajo implementó el Centro de Orientación y Atención Laboral COLABORA, mediante la línea 120, con el fin de implementar un mejor servicio a la ciudadanía. El año pasado fueron atendidos más de 1 millón 421 mil ciudadanos.

 

La inspección, vigilancia y control ha impuesto multas por 64.276 millones 515 mil 300 pesos entre 2011 y 2014.

 

Con base en los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tal como lo señala el Plan de Acción Laboral, el Estado ha priorizado la concertación, el diálogo social, la negociación colectiva, la libertad sindical, la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el derecho de asociación, de la  mano de las centrales y el sector empleador fortaleciendo la Comisión Nacional de Concertación y Políticas Laborales.

 

Se reactivó la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos y a la fecha se han tratado 112 casos, de los cuales 71 ya cuentan con acuerdos, incluidos los casos que están en el Comité de Libertad Sindical. “Esta buena práctica de diálogo ha sido impulsada en otros países de la región, honrando a Colombia con su visita con el objeto de conocer su funcionamiento”, precisó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas.

 

Igualmente y por primera vez en la historia se logró una negociación colectiva en el sector público con las tres centrales del país CUT, CTC y CGT, en el marco del Decreto 1092, hoy Decreto 160 de 2014, lo cual ha permitido que en este año se esté realizando la segunda negociación colectiva del sector público.

 

Reforma al Código Penal

 

Con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana se aumenta la pena por violación al derecho de asociación y penaliza a quien celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. La Fiscalía General de la Nación tiene 277 querellas en investigación.

 

Cooperativas de Trabajo Asociado

 

En cumplimiento de los compromisos del plan se expidió la Ley 1450 de 2011 que modifica el artículo 63 de la Ley de formalización de primer empleo y se expidió el Decreto 2025 de 2011 que señala las reglas para las cooperativas de trabajo asociado, pero aún existen nuevas formas de tercerización que son utilizadas en algunas ocasiones para vulnerar los derechos de los trabajadores. Actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó nuevas medidas que permitan garantizar una Política Nacional de Trabajo Decente.

 

Una estricta aplicación, vigilancia y control se priorizó en sectores como el portuario, palmero, floricultor, azucarero y minero.

 

Igualmente, el cobro de las multas impuestas mediante Resolución 2123 de noviembre de 2013 del SENA, elimina la posibilidad, que las sanciones impuestas por las Direcciones Territoriales sean suspendidas al momento de la presentación de la demanda en contra del acto administrativo que las impone, mejorando el proceso de cobro coactivo de las sanciones.

 

Empresas de servicios temporales

 

Conjuntamente con la OIT se está capacitando a los inspectores laborales y se desarrollan herramientas para el mejoramiento del proceso de inspección como  “La guía práctica para los inspectores”.

 

Pactos colectivos

 

Por primera vez en la historia colombiana mediante una reforma al código penal se llevó a delito para castigar a quienes utilicen los pactos para vulnerar el derecho de asociación sindical y negociación colectiva mediante el ofrecimiento de mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, con la expedición de la Ley 1453 de 2011. Actualmente, el Ministerio del Trabajo adelanta investigaciones a 28 empresas por presunta utilización indebida de los pactos colectivos, de las cuales ya se han formulado cargos a 8 de ellas.

 

Servicios esenciales

 

En la Comisión Nacional de Concertación se analiza tripartitamente una posible regulación sobre la huelga en el sector público.

 

Cooperación y trabajo conjunto con la OIT

 

En el marco del proyecto “Promoción del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en Colombia”, financiado con recursos de cooperación internacional del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y ejecutado por la OIT, se ha valorado los esfuerzos del Gobierno colombiano por avanzar en la lucha contra la impunidad, la violencia, el diálogo social y negociación Colectiva.

 

Programa de Protección

 

677 dirigentes o activistas sindicales son protegidos con la ampliación de la cobertura incluyendo la categoría de activista sindical como población objeto del programa, se reforma la naturaleza y funcionamiento del CRER, cambiando el nombre por CERREM (Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas), y el Ministerio de Educación establece el procedimiento para la protección de docentes y directivos docentes. 

 

Reforma a la Justicia Penal

 

De 1 condena en 2001 se pasó a 652 sentencias condenatorias en la actualidad y se creó un grupo especial para investigar violaciones cometidas contra sindicalistas.

 

Al respecto, el viceministro Borda Villegas, indicó: “Somos conscientes que este es un largo camino que aún tenemos por recorrer y que debe conllevar a aumentar la eficacia del Estado para avanzar en la lucha contra la impunidad”.

 

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación ha dedicado un grupo especializado de investigadores para  las amenazas que necesitan una acción inmediata.

 

Con la Ley de víctimas se está trabajando en el proceso de reparación colectiva para el movimiento sindical y se ha escogido el 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas, este será el primer año en que serán reconocidas públicamente.