En momentos en que el Plan Nacional de Desarrollo arranca a paso lento su discusión en el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos destacó que la iniciativa se conecta en tiempo real con la agenda mundial caminando hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio.

El Jefe de Estado insistió en que con base en los planes que se habían trazado con la ONU y sus países miembros, Colombia “en una coyuntura de tiempo, en una coincidencia muy afortunada, es el primer país del mundo en diseñar su Plan de Desarrollo teniendo en cuenta estas metas”.

Por lo anterior, anotó que “nuestro Plan para los próximos 4 años –el que ahora mismo se discute en el Congreso de la República– ha sido diseñado con la visión de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un primer paso para guiar las acciones y políticas públicas hacia la erradicación irreversible de la pobreza, y el logro de un desarrollo que preserve el medio ambiente y mejore las condiciones humanas en muchos sentidos”.

Es así que hizo énfasis en que “la agenda de Colombia se sintoniza –entonces–, en tiempo real, con la agenda mundial para el desarrollo”, sustentó.

Al insistir en que el compromiso ahora es global y no lo determina nación alguna, el Jefe de Estado manifestó que el compromiso es de todos los Estados, “todos tenemos que trabajar; todos tenemos que aportar y transformar nuestros países, y Colombia es el primero en alzar la mano y decir ‘presente’ a este llamado por un futuro mejor y posible”. Sus declaraciones se dieron en el marco de una reunión de alto nivel con representantes de la ONU.

Críticas

Sin embargo, la iniciativa ha recibido toda clase de críticas por supuestos vacíos que contendría en su articulado y la más reciente vino de parte de la Procuraduría General, al explicar que con base en el análisis del documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “formuló un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se revisen las metas en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado”.

Preocupa además a la Procuraduría que, según el documento expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los 7 años y medio de la promulgación de la Ley de Víctimas sólo se habrá reparado de manera parcial un 14% de ellas, dado que a la fecha en el Registro Único de Víctimas se conoce una cifra de 7’028.766, la cual seguirá aumentando en tanto presenten su declaración las personas afectadas por hechos posteriores a la promulgación de la citada Ley 1448.

Por ejemplo, el indicador referente al acceso a las medidas de rehabilitación física y mental, se reduce frente a la meta planteada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social: en el citado documento Conpes se proyectó que a 2021 se atenderían 3’000.000 de víctimas, mientras que en el Plan de Desarrollo se planea atender en cuatro años a 1’875.570.

Otra de las críticas vino de parte de la presidenta de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado (Acesi), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, quien consideró que “lo que logra la Ley Estatutaria de salud con la mano, lo borra el Plan de Desarrollo con el codo y el Gobierno pretende revivir apartes del frustrado proyecto de ley ordinaria del sector hundido en el 2014”.

Aseguró que una vez quedó sancionada la Ley Estatutaria de Salud por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, “es necesario hacer algunas reflexiones con respecto al futuro del sistema de salud en Colombia”.

En su opinión, hay contradicciones  porque “por ejemplo reasignar recursos ya no para saneamiento financiero de Hospitales Públicos sino para liquidarlos, va en contravía de lo planteado por la ley estatutaria y la jurisprudencia”.

Defensa

A pesar de ello, la directora de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ángela Penagos, defendió el PND al argumentar que el articulado propuesto va acorde con las necesidades del país.

Por ejemplo, argumentó que el “Estado tendrá mayores herramientas para poder adjudicar los baldíos a campesinos pobres. El objetivo es promover el acceso progresivo de los trabajadores agrarios”.

Aseguró que en la iniciativa no se está modificando el régimen de baldíos ni de acumulación de la propiedad. “Todo lo que se presentó  en  el PND se puede hacer en el marco de la Ley 160”.

El articulado que corresponde  al capítulo de la transformación del campo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un Nuevo País’  lo que busca es adicionar y aclarar  el contenido del artículo 76 de  la Ley 160 de 1994 “para permitir que el Estado tenga una mayor gobernanza sobre sus baldíos y los pueda adjudicar a campesinos pobres”, insistió Penagos.

En este sentido el director del DNP, Simón Gaviria Muñoz,   recordó que  la transformación del campo “es una estrategia transversal que busca un mayor acceso a la  tierra por parte de los campesinos que no la tienen, cerrar las brechas urbano–rurales, acelerar su salida de la pobreza y hacer una apuesta a la inclusión productiva de los campesinos”.

De otro lado es de recordar que el Presidente del Senado, José David Name Cardozo, anunció la convocatoria de audiencias públicas para que el Gobierno en general explique a la ciudadanía y al país los alcances del Plan Nacional de Desarrollo, en especial las facultades que se solicitan.