Las autoridades de tránsito del país continuarán su lucha frontal contra los conductores ebrios e hicieron un llamado a las secretarías de tránsito para que suspendan las licencias a 41.109 personas que han sido sorprendidas manejando en estado de alicoramiento.
Un estudio de la Superintendencia de Puertos y Transporte reveló que de los 95.603 comparendos impuestos a nivel nacional a conductores sorprendidos por las autoridades manejando en estado de embriaguez –entre diciembre de 2013 y septiembre de 2016–, en el 43 por ciento de los casos (41.109) los Organismos de Tránsito no han suspendido o cancelado las respectivas licencias de conducción, lo que implica que estos ciudadanos siguen al volante sin haber sido reprendidos, incumpliendo así la normatividad vigente para esta clase de infracción.
Del total de comparendos, 91% corresponde a vehículos particulares, 5% a servicio público y 4% a otra clase de servicio; tan solo 52% de las licencias fueron suspendidas y apenas 3,9% fueron canceladas por las Secretarías de Tránsito y Movilidad, en una clara violación a la Ley 1696 de 2013, que sanciona –mínimo– con la suspensión inmediata por un año o hasta con la cancelación de la licencia de conducción –según el grado de alcoholemia o reincidencia– al ciudadano que cometa la infracción de manejar un vehículo bajo los efectos del licor.
“Será muy difícil erradicar esta conducta si no se cumple con la suspensión o cancelación de las licencias, pues las Secretarías de Tránsito están siendo permisivas con estos conductores que siguen tras el volante atentando contra la seguridad vial de los colombianos”, aseguró el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, quien advirtió que además de ordenar la suspensión o cancelación inmediata de las 41.109 licencias, también investigará a todas las Secretarías de Tránsito que no están aplicando esta norma, en cuyo caso se exponen a multas hasta por $137 millones por cada licencia que dejaron de suspender o cancelar.
No hay gestión administrativa
Hasta el 30 de septiembre de 2016, apenas se habían pagado 498 comparendos, por un valor de $1.494 millones; 6.030 se encontraban en trámite administrativo y 78.050 estaban sancionados, de los cuales 2.045 fueron pagados, mientras que la cartera por cobrar llegaba a los $618.169 millones.
“No solo es importante imponer sanciones, sino también hacerlas efectivas. Este análisis nos permitió detectar que, debido a la falta de gestión administrativa oportuna por parte de la mayoría de Organismos de Tránsito del país, hasta septiembre pasado se pudieron haber caducado 11.025 comparendos, los cuales corresponden al 11,5 por ciento del total nacional y tendrían un valor aproximado de $87.953 millones”, reveló Jaramillo.
Frente a las caducidades, en Bogotá –presuntamente– caducó el 54 por ciento, es decir 5.927 comparendos; en Bucaramanga y Pasto se habrían caducado el 50,5 por ciento, 764 y 42 por ciento 905, respectivamente; lo que quiere decir que, en general, 11.025 infractores a nivel nacional siguen conduciendo por las vías del país sin haber recibido ningún tipo de reprensión por su infracción.
Otras ciudades con un alto porcentaje de comparendos por embriaguez presuntamente caducados son Tunja 20%, Florencia 20%, Cúcuta 14%, Pereira 13%, Barranquilla 11%, Armenia 11%, Santa Marta 9%, Valledupar 9% y Cartagena 6%.
Jaramillo advirtió que con los resultados obtenidos en el estudio, la Supertransporte iniciará las investigaciones a cada uno de los Organismos de Tránsito por el incumplimiento de sus obligaciones legales, y también dará traslado de los resultados de este informe a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que procedan según su competencia; así como también anunció que oficiará a las Oficinas de Control Interno de cada municipio.