Es necesario revisar jurídicamente la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que autorizó entregar en adopción dos niños colombianos a un periodista norteamericano que públicamente ha reconocido su condición homosexual.

Así lo pidió el senador Édgar Espíndola (Partido de Integración Nacional –PIN). "Se hace necesario revisar jurídicamente la decisión del director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar –ICBF-, Diego Molano", dijo.

Añadió que "la Constitución Nacional, en el Artículo 42, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla".

Según el Parlamentario, "no tenemos nada en particular contra las personas que siendo adultas toman la decisión de optar por esa orientación sexual. Pero no se puede aceptar que sin que se haya legislado en ese sentido para modificar este artículo, que es competencia del Congreso, se tomen ese tipo de decisiones".

El caso cobró relevancia hace algunas semanas cuando la cadena CNN de Estados Unidos hizo eco a la denuncia de Chandler Burr, quien informó que el ICBF le había quitado a sus hijos cuando se enteró de su condición homosexual.

Burr conoció a los menores en Colombia, que hoy tienen 9 y 13 años, y los invitó en 2009 a que visitaran Nueva York en verano.

Tiempo después el norteamericano hizo la solicitud formal de adopción. En marzo de este año el ICBF le dio la custodia de estos niños; sin embargo, cuando ya había tramitado la residencia de los menores en Estados Unidos y como etapa final del proceso fue al ICBF para retirar sus pasaportes, de forma casual mencionó su condición homosexual, lo que motivó que la institución le retirara el permiso para llevárselos.

No obstante esta semana el ICBF optó por devolver en adopción los niños al norteamericano. En este sentido el director Diego Molano señaló que la determinación la tomaron tras una profunda revisión del caso.

“A pesar de ser una situación compleja, con esta decisión el Estado colombiano, por medio de sus instituciones, privilegia la voz de los niños y sus derechos para que siempre tengan un mejor bienestar”.