Un mayor reforzamiento a la inversión agrícola no solo del sector oficial sino del privado, es urgente en el país ante la actual situación del campo. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, en el primer paquete de recomendaciones que entregó la Misión de Transformación del Campo (MTC) al Gobierno nacional, se plantearon iniciativas alrededor de los derechos sociales de la población rural, tales como: nutrición, educación y salud, entre otros.

De acuerdo con la entidad, “no resulta del todo convincente ni la estrategia financiera-fiscal, ni la de gestión, sobre cómo se pondría a marchar el aparato productivo para lograr semejante transformación, requerida para volver la agroindustria en nuevo motor de crecimiento económico, como lo observado, por ejemplo, durante 1964-1972”.

ANIF ha venido mencionando que los esfuerzos deben ser dirigidos a promover la inversión productiva en el sector rural por parte del sector privado. Solo a través de la generación de empresariado, acompañada de inversión pública focalizada en la provisión de bienes públicos (asistencia, riego, drenaje y vías terciarias), se estaría evitando continuar con la “atomización” en la tenencia de la tierra, su empobrecimiento y el desplome de su productividad multifactorial.

La rentabilidad

En un sector rural donde la productividad es baja, la mano de obra calificada es escasa, hay envejecimiento de la población y existe crisis de rentabilidad (que restringe las mejoras productivas y tecnológicas), lo que requiere inyección de capital privado en grandes cantidades para así garantizar la seguridad alimentaria del país.

En países como Estados Unidos y el Reino Unido, la inversión agrícola incluso ha trascendido a la de provisión de bienes públicos, involucrando cada vez más al mercado financiero. Su uso no solo ha facilitado el manejo del riesgo por parte de los productores, sino que también ha entregado retornos muy atractivos para los inversionistas en las últimas dos décadas.

Este es el caso de inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, que en años recientes han apostado por realizar acciones de compra-venta de tierras, mejoras de predios y hasta inversiones en países considerados de altísimo riesgo. Sus inversiones en agro, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, entregaron retornos en el rango 10%-15% anual durante 1994-2013 y tomando tan solo riesgos moderados.

Estos retornos en inversiones agrícolas han llegado a ubicarse inclusive por encima del mercado accionario (S&P500), la finca raíz, el oro, los commodities o los bonos del tesoro americano (ver gráfico 1). Ante este revelador escenario sería interesante conocer cuál es el retorno de inversiones en el agro colombiano.

Las inversiones

Para tal fin hemos tomado el Indicador de Precios de Registro de Facturas de Productos Agropecuarios (iPag), un activo transado en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). El iPag resulta representativo de las operaciones de la BMC, pues representa más del 95% de sus operaciones. No obstante, el indicador solo está disponible para el período reciente de 2008-2015.

Sostiene ANIF que “al analizar el retorno de inversiones en el agro colombiano encontramos que el riesgo es igualmente moderado, similar al de inversiones en el agro de los Estados Unidos o del Reino Unido. No obstante, el retorno es muy inferior al registrado en el agro de los otros países (5,3% anual vs. 12% promedio). Ello se explicaría por la falta de competitividad de nuestro sector agrícola, la baja productividad de los factores de producción, una limitada provisión de bienes públicos y el escaso acceso a mercados financieros, todo lo cual cierra puertas a potenciales inversionistas”.

Señala que en contraste, el sector agrícola de los Estados Unidos aprovecha las economías de escala, sus extensas áreas de cultivos, los instrumentos de apoyo que el Estado les ha proporcionado y el mercado financiero, generando altísimas rentabilidades.

“Mientras tanto en Colombia hemos optado por otorgar subsidios, según la presión gremial-política del momento, y mantenemos restricciones estructurales en la tenencia de la tierra a través de las limitadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Recomendaciones

Indica ANIF que “las recomendaciones de la OECD (2015) lucen inclusive más de avanzada que las recientes de la MTC, pues allí se plantea redirigir los esfuerzos de política en inversiones estratégicas de largo plazo, mejorando los derechos sobre la tierra, reforzando el sistema de innovación en el sector y fortaleciendo el marco institucional agrícola. Solo de esta manera Colombia podría llegar a garantizar grandes inversiones en el sector agrícola, ofreciendo altas tasas de retorno a los inversionistas, producto de la enorme brecha entre la productividad actual y su potencial con bienes públicos adecuados”.

Sostiene que “el sector agrícola colombiano presenta baja productividad, escasez de mano de obra calificada, vejez de su población y crisis de rentabilidad. Con el fin de volver el campo rentable, se deben explorar alternativas para que la inversión pública y privada llegue al sector. Las experiencias en Estados Unidos y el Reino Unido muestran que el retorno a la inversión en el agro ha resultado muy superior al de otros activos; eso mismo debería materializarse en Colombia al atraer grandes capitales, tal como ocurrió en Brasil. Uno de los grandes obstáculos en Colombia continúa siendo ese temor al empresariado agrícola: ¿Será que el Gobierno mismo teme descarriar los acuerdos de La Habana y por ello permitió hundir en el Congreso la Ley Zidres que pretendía solucionar el gran obstáculo de las UAF?”.

EL PAÍS debe atraer grandes capitales al campo y dejar los temores del empresariado agrícola. /ENS