Ante la Juez 34 Penal de Bogotá con funciones de conocimiento, la Fiscalía General pidió se profiera la máxima condena permitida en la ley colombiana por el delito de soborno, en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce.

El juzgado aunque anunció recientemente que el fallo será en sentido condenatorio, el ente acusador considera que por la gravedad del delito, la contundencia de los testimonios aportados al proceso y la veracidad de los documentos debidamente soportados al juicio, conlleva a que sea una condena ejemplar contra Gette Ponce en calidad de determinadora.

En la misma audiencia, los representantes de víctimas solicitaron a la juez que profiera orden de captura en contra del abogado involucrado en el mismo proceso, Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por considerar que la inasistencia a las audiencias deja entrever que se trata de una burla para la administración de justicia.

El ente acusador ha sido claro y contundente en demostrar que el abogado visitó en varias oportunidades al ex cabecilla paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas, Edgar Ignacio Flórez, alias Don Antonio, para convencerlo de cambiar su versión ante las declaraciones de Justicia y Paz, sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido el 22 de agosto de 2003, insistió la delegada del ente acusador.

Martínez Pumarejo fue capturado en flagrancia en febrero de 2013 cuando trataba de entregar cerca de 250 millones de pesos, de 500 que habían sido prometidos al desmovilizado Fierro Flórez, quien denunció los hechos mediante varios oficios enviados tanto a la Fiscalía como a otras entidades del Estado, con detalles del ofrecimiento económico con el fin de variar su declaración a cambio del soborno.

Antes de su captura, trató de destruir un celular y desaparecer una tarjeta de memoria que contenía las llamadas telefónicas y las triangulaciones que relacionan a Gette Ponce en el pago del dinero.

La juez dará a conocer el 24 de septiembre de 2015, el monto de la pena que deberán purgar los condenados, la cual de acuerdo con el código penal oscila entre 6 y 12 años de prisión.