“Es importanteque cualquier cambio sea de conformidad con las obligaciones que el Estado colombiano tiene con los Derechos Humanos”.

Las palabras son de Todd Howland, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al expresar su preocupación por la reglamentación al fuero militar que la víspera fue aprobada en las comisiones primeras conjuntas y que la próxima semana será aprobado por separado en las plenarias de Senado y Cámara.

Se trata del proyecto de ley número 268 de 2013 Cámara – 211 de 2013 Senado, “por el cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, radicado el 19 de marzo por los ministros de Justicia, Ruth Stella Correa, y Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como los senadores Roy Barreras, Aurelio Iragorri, Juan Lozano (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Efraín Cepeda, Hernán Andrade (Partido Conservador), Juan Manuel Galán (Partido Liberal) y Antonio Guerra (Cambio Radical); y los representantes Libardo Antonio Taborda, Jaime Buenahora (La U) y Alfonso Prada (Partido Verde).

Según la exposición de motivos, el proyecto busca “establecer reglas para la investigación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en el marco del Derecho Internacional Humanitario; el desarrollo de los principios de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar; el funcionamiento de la comisión técnica de coordinación y la organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales”.

“Estamos preocupados en razón del fuero y por eso estamos haciendo varias sugerencias para mejorar el estatuto”, señaló Howland, quien precisó que también es necesario atender el cambio de situación a raíz del proceso de paz: “Cuando se está en una situación de cambio es importante utilizar los mecanismos más apropiados”.

Para Howland, “cuando estamos en un proceso de paz y se tiene cerca una situación de posconflicto es mejor utilizar los mecanismos de justicia posconflicto”.

No es la primera vez que Howland alerta sobre este tema. En febrero, por ejemplo, sostuvo que "la recomendación es que cuando hay violación de Derechos Humanos, ésta tiene que ir a la justicia ordinaria. La otra es que la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía tienen su derecho a realizar la investigación en primera instancia".

Semanas antes, en diciembre, Howland expresó que, aunque en "el año 2012 hubo varios avances del país en materia de derechos humanos”, el acto legislativo aprobado ese año y que ahora se está reglamentando “constituye un retroceso".

Howland reiteró la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, y otros expertos de la organización, de que la aprobación del fuero militar, "contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos".

Según el funcionario, "las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar".

Y al respecto explicó que "la competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo".

Horas antes de la declaración de Howland, el Congreso había aprobado la controvertida reforma constitucional dando vida al nuevo fuero militar, el cual, según el Gobierno, permitirá a los miembros de la fuerza pública encarar con menos prevenciones el conflicto armado.

La reforma establece que el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Sin embargo, además de Naciones Unidas, otros organismos y ONG internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), rechazaron la reforma al considerar que favorece la impunidad en los casos de civiles muertos por los uniformados y presentados como caídos en combate, conocidos como 'falsos positivos'.

Pero el Gobierno, a través del ministro Pinzón, ha negado que la reforma permita la impunidad en casos específicos de delitos cometidos por los uniformados.

"Los casos aberrantes como los falsos positivos, violaciones de niños” por parte de uniformados, “de ninguna manera pasarán a la justicia militar", dijo el ministro.

Por su parte el senador Galán negó que el proyecto genere impunidad y rechazó la injerencia de organizaciones internacionales en la decisión.