Ese tribunal de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en sentencia del 31 de enero de 2006.

Que el Estado “cumpla con todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana” de Derechos Humanos “en su sentencia de 2006”, pidieron los familiares de 43 personas desaparecidas hace 22 años.
Así quedó consignado en la declaración final, suscrita por los familiares de 43 campesinos sacados a la fuerza de Pueblo Bello, corregimiento de Turbo, Antioquia, el 14 de enero de 1990.
Antes de retirarse en dirección a San Pedro de Urabá, los paramilitares incendiaron tres viviendas y dijeron a los sobrevivientes que “esto es para que respeten a Los Tangueros”, refiriéndose al nombre con el cual se conocía al grupo paramilitar proveniente de la finca Las Tangas, situada a orillas del río Sinú en el departamento de Córdoba.
La Corte concluyó, en sentencia del 31 de enero de 2006, que los campesinos fueron llevados a la finca Santa Mónica, propiedad, al igual que Las Tangas, del entonces jefe paramilitar Fidel Castaño, comandante de Los Tangueros; en esa finca fueron torturados y asesinados, sin que hasta ahora hayan podido encontrar sus cuerpos.
Los vehículos, camiones cuyos conductores fueron obligados a realizar el transporte, pasaron por dos retenes custodiados por los batallones Vélez y Cóndor de la Brigada XVII del Ejército, sin ser detenidos o cuestionados.
Al ordenarle que repare a los familiares de las víctimas, la Corte consideró que por la aquiescencia de algunos de sus agentes el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares.
En la declaración, los familiares insisten en señalar que después de 22 años de los hechos, los cuerpos de los 43 campesinos siguen desaparecidos. “Es lamentable la impunidad existente y la manera como la justicia, cuando opera, favorece a los culpables. A la fecha, de 60 paramilitares que participaron en los hechos, 16 han sido condenados y solo 6 han pagado penas efectivas de cárcel. Ninguno de los militares involucrados en los hechos ha sido juzgado ni condenado”.
La búsqueda de los cuerpos de los 43 campesinos ha sido la motivación principal de sus familiares para mantenerse unidos en un proceso que comenzó, ante las autoridades civiles y militares de la región, al día siguiente de la desaparición.
Los familiares acudieron al Sistema Interamericano en busca de mecanismos efectivos que posibilitaran la verdad, la justicia y la reparación.
La sentencia proferida es para los familiares “un acto de reparación de unas proporciones solemnes”.
“Sin embargo”, consignan en su declaración, “el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano ha deformado el espíritu con el que se emitió la sentencia”.
Por esta consideración, “pedimos a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional acompañar a los familiares a exigirle al Estado de Colombia el cumplimiento integral y a satisfacción de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.