Los procesos judiciales de restitución de tierras avanzan pero requieren coordinación. Esta es la principal conclusión del segundo informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria de las Universidades del Rosario, Nacional, Norte, Sergio Arboleda y Sinú.

En el análisis titulado  Tendencias en la Restitución y la Distribución de Tierras 2013, el observatorio indica que la ley de tierras, por sí misma, sigue siendo insuficiente en cuanto a los mecanismos que requiere el juez para solucionar los distintos problemas jurídicos que le impone el reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Esto implica que el régimen de justicia transicional debe interactuar con otros regímenes ordinarios, como el civil, el agrario o el de familia, y que los jueces deban acudir con frecuencia a las instituciones propias de los mismos, antes de buscar las novedosas fórmulas de solución propias de la justicia transicional, señaló Rocío Peña, investigadora del observatorio y de la Universidad del Rosario.

Luego de analizar los fallos emitidos por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, el informe del observatorio advierte que se han presentado casos similares con soluciones diferentes.

Esta situación se explica porque el tiempo de vigencia e implementación de la ley es muy corto para decantar unos criterios de unificación frente a los casos puestos a consideración de los jueces, dijo Peña.

En este sentido, se considera necesario y deseable que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales en revisión se pronuncien y establezcan directrices uniformes para el tratamiento de ciertos casos, subrayó.

El informe del observatorio señala que hay casos en que las sentencias en las que están implicados derechos de sucesión o el régimen de familia, han dado lugar a soluciones diversas a los casos que presentan.

Dichos veredictos, en ocasiones, representan una afectación de los derechos de los reclamantes, en tanto dejan en suspenso la liquidación de la sucesión o llevan a un fraccionamiento económico del predio con la consecuente desvalorización del mismo, en perjuicio de las víctimas, explicó la investigadora de la Universidad del Rosario.