Las víctimas son las primeras que deben beneficiarse de la entrega de los bienes de las Farc y eso debe quedar supeditado en el Decreto-ley 903 de 2017 sobre el patrimonio de la guerrilla. Así lo señalaron en una audiencia ante la Corte Constitucional, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo.

Para el Procurador, el único camino para reparar a las víctimas del conflicto armado es el uso de los bienes de las Farc, tal como está estipulado en varios apartes del acuerdo final, sin embargo el jefe del Ministerio Público dijo que también deberán usarse para resarcir a los "niños, niñas y adolescentes que hayan salido de la guerra, solo para lo que las indemnizaciones que se requieran".

En ese sentido el Procurador le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible pero condicionado el Decreto-ley 903 de 2017 sobre los bienes de las Farc. "El objetivo de entrega de bienes es contribuir a reparación de víctimas del conflicto armado, condición indispensable".

Carrillo advirtió que de lo contrario implicaría una extinción de dominio por parte de la Fiscalía, para perseguir los bienes de las Farc "es fundamental el cumplimiento del compromiso de entrega por parte de las Farc, de lo contrario deben activarse los mecanismos para perseguir los bienes y hacer efectivo todo el peso de la ley".

Listado

En la audiencia pública, la Fiscalía entregó a la Corte un listado de los bienes ubicados e incautados, pero según el fiscal Néstor Humberto Martínez, se mantendrán en secreto hasta que las Farc entreguen el listado definitivo.

Advierte que a la fecha y de acuerdo a informes preliminares, las incautaciones llegaron a los $1,7 billones que fueron ubicados en procesos de extinción de dominio solo en 2017.

"En lo corrido de este año, bienes provenientes de testaferros de las Farc hemos incautado $1.7 billones, ese es el listado que puedo entregar a la Corte", señaló Martínez Neira.

El Fiscal dijo que a pesar de la devolución de bienes que aseguró las Farc, se está adelantando en algunas regiones, hay denuncias de acuerdos para el pago de rentas y beneficios compartidos entre quienes reciben y entregan esos bienes.

"Rentas extendidas en el tiempo, inclusive la generación y convenio de derechos de recompra de esos predios que están siendo objeto de restitución a las personas que son titulares", sostuvo.

De ser ciertas esas denuncias, esos acuerdos y rentas deberían formar parte del inventario de las Farc.

Asimismo y ante la sala plena de la Corte Constitucional, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, pidió declarar exequible el Decreto-ley 903 de 2017. En tres puntos el Ministro explicó la necesidad del decreto que "permitirá que los bienes y activos de las Farc que entren al fondo sean usados para la reparación material de las víctimas del conflicto en la cual se incluyen a los menores que han salido de la guerra".

Como primer punto, el Ministro de Justicia dijo que el Decreto "constituye un elemento que robustece el marco existente para la reparación de las víctimas", dijo que su entrega se ajusta a lo establecido por las directrices internacionales en materia de reparación.

Como segunda medida, “es un mecanismo temprano de recolección de bienes que constituye la celeridad del proceso de entrega y no supone la restricción de los derechos adquiridos con las víctimas. El mensaje es que se asegura como Estado que el capital de las Farc será devuelto a las víctimas y usado en su reparación".

Como tercer punto, el funcionario dijo que “se garantiza el fortalecimiento de la política de crimínales en material de protección de bienes y extinción de dominio, lo cual permitirá que los bienes que no estén inventariados se usen para resarcir el daño causado”.

De otra parte y ante la misma sala plena de la Corte, el vocero del movimiento Voces de Paz y de Reconciliación, Jairo Estrada Álvarez, explicó que las Farc como guerrilla, nunca fueron una persona jurídica, por lo cual "de ellas no pueden predicarse las características a toda persona jurídica del derecho de dominio", incluso dijo que durante su conformación y permanencia en la guerra "operaron como un ejército rebelde".

Señaló que "para llevar adelante sus planes político-militares, las Farc tuvieron que asumir múltiples costos de funcionamiento como el sostenimiento de sus integrantes, la dotación militar, la adquisición de armamento, entre otras, para adelantar su accionar".

Advirtió que una vez firmada la paz y el traslado a las zonas veredales "dejaron de utilizar las fuentes de captación de recursos para sustentar su economía de guerra y desistieron de su despliegue estratégico del plan militar (...) al 15 de agosto de 2017 las Farc ya no están utilizando ningún medio para la captación de recursos".

El vocero señaló que "cuando cesan operaciones de financiamiento se recurre a gastar parte de lo que se ha acumulado (...) hay retórica respecto sobre los derechos de las víctimas. No puede esperarse que con el Fondo -donde irán a parar los bienes de las Farc- se va a resolver lo que el Estado no ha sido capaz de resolver, eso es apenas una contribución".