Precarios andenes, falta de infraestructura, acceso al transporte o conseguir empleo, algunos de los problemas
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Actualmente en la ciudad habitan aproximadamente unas 227.450 personas en condición de discapacidad, quienes se encuentran en su diario vivir con innumerables obstáculos para resolver sus necesidades más básicas, problemáticas que van desde la dificultad con la que se encuentran para movilizarse, hasta los impedimentos con los que se encuentran para conseguir un empleo en condiciones dignas.
Las precarias condiciones de los andenes o la falta de infraestructura para facilitar su acceso a los medios de transporte, son una pesadilla.
Estos retos se han convertido en una de las banderas del presidente del Concejo de Bogotá, concejal Armando Gutiérrez González, quien por medio de múltiples acciones ha luchado para que esta población tenga unas condiciones de vida dignas y que en este 2018 se convierte en uno de sus principales objetivos.
De las 227.450 personas en condición de discapacidad presentes en el Distrito Capital, se estima que solo 32.760 se encuentran laborando, mientras que personas en condición de discapacidad permanentes para trabajar existen 75.868, de las cuales 15.705 son beneficiados por pensión o ayuda. Estas personas dependen de sus familias o cuidadores que también están incluidos en los programas y servicios sociales que ofrece el Distrito.
No obstante, es necesario ampliar y garantizar la inclusión en los servicios y actividades de carácter general como la formación profesional, la inclusión y promoción al empleo, planes de protección social y estrategias para la generación de oportunidades laborales para esta población.
A pesar que existen numerosas normas que promueven y garantizan el acceso de las personas en condición de discapacidad aún hace falta voluntad por parte de los gobiernos y de la empresa privada. Desde el mismo Concejo se ha promovido la inclusión de la población en condición de discapacidad por medio de diferentes iniciativas, como el Acuerdo 51 DE 2001 “Por el cual se dictan normas para la atención a las personas con discapacidad, la mujer en estado de embarazo y los adultos mayores en las Entidades Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.” de autoría del Concejal Armando Gutiérrez González, cuyo objeto es garantizar que las Entidades Distritales y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos dispongan en cada edificación destinada a la atención al público, de ventanillas u oficinas especiales para atender exclusivamente a la población con discapacidad, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores.
Así mismo, el concejal Gutiérrez también es autor del Acuerdo 188 DE 2005 “Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para personas mayores y se dictan otras disposiciones en Bogotá, D.C” cuyos recaudos son destinados en su totalidad a la dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para personas mayores de carácter oficial Distrital.
No obstante, se da por sentado que hace falta un trabajo muy riguroso de concientización y sensibilización tanto en los gobiernos, en la empresa privada y en los mismos ciudadanos que tienen la posibilidad de ser empleadores. Las cifras hablan por sí solas: solo el 14% de la población en condición de discapacidad están trabajando en Bogotá, sin contar con las personas mayores, que son personas que no se pueden valer de alguna manera, que no tienen pensión y que tienen dificultades de salud.
Es importante resaltar la productividad y los buenos resultados laborales de las personas en condición de discapacidad en las empresas. Las evaluaciones de desempeño han demostrado que estas personas tienen una gran capacidad para trabajar, junto con una disposición muy fuerte en términos de productividad y competitividad.
En este sentido, la Directiva 010 del 2015 establece que las entidades deben tener como mínimo el 3% de personas en condición de discapacidad dentro de su nómina, que sigue siendo un porcentaje ínfimo. Debe darse celeridad a los lineamientos de las políticas públicas en esta materia. Por eso es importante darle impulso a las iniciativas normativas para seguir adelante con las políticas de inclusión en todos sus aspectos, no solo para la población en condición de discapacidad, sino también para sus familias, cuidadores y cuidadoras, que no cuentan con una pensión ni con empleos.