Dentro de la revisión del proceso que condenó al exdirector del IDU, Andrés Camargo, por las irregularidades presentadas con las losas de Transmilenio, la Procuraduría conceptuó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no existen pruebas que permitan demostrar que quisiera favorecer a terceros.

En un pronunciamiento de 121 páginas, firmado por el procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, Jorge Emilio Caldas, pide a la Corte Suprema absolver del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Camargo.

Entre las razones que da están que los aspectos técnicos y científicos de la contratación eran responsabilidad de otros funcionarios; el Ministerio Público considera que el Tribunal Superior de Cundinamarca valoró equivocadamente los elementos probatorios y,  que “debió probar, no suponer, la existencia de un interés real para favorecer a terceros en el proceso de contratación”.