Analizar de manera integral el problema de la accidentalidad vial en el país le pidió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al Congreso de la República, precisamente en este momento cuando la Mesa de Unidad Nacional con el apoyo del presidente Santos prepara un proyecto que establece fuertes sanciones a los conductores borrachos.
Igualmente el Movimiento MIRA insistió en un proyecto en similar sentido que se hundió en la pasada legislatura, aunque en esta oportunidad contempla la extinción de dominio del vehículo que se vea involucrado en un caso de estos.
En una misiva el defensor Otálora le pide al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, que se analice de manera integral el problema de la accidentalidad vial en el país. “Aunque es importante legislar sobre el problema de salubridad pública generado por el gran número de conductores en estado de embriaguez, es necesario tener en cuenta que la embriaguez es solo la sexta causa de accidentalidad vial”.
En la carta, el Defensor del Pueblo aseguró que “resulta muy preocupante que no respetar la prelación, el cruce sin observar, desobedecer las señales de tránsito, el exceso de velocidad y no mantener la distancia representan el 54,7% de la accidentalidad en el país”.
“Desde la Defensoría del Pueblo, entendemos el rechazo de la sociedad por la conducción en estado de embriaguez, pero también debemos rechazar la falta de diligencia de los conductores, el irrespeto de los conductores y peatones por las normas de tránsito y el descuido que tienen algunos propietarios o conductores en el estado de los vehículos”, agregó.
Otálora Gómez destacó que en buena hora el Presidente del Congreso convocó a una comisión accidental para que estudie la problemática de salubridad que generan los conductores manejando en estado de embriaguez. Sin embargo, al analizar el último informe de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se encuentra que si bien son hechos graves que la sociedad rechaza, apenas corresponde a una pequeña parte de la accidentalidad total.
Es decir que, por encima de los accidentes ocasionados por conductores borrachos, también hay otros comportamientos irresponsables de conductores que no revisan los organismos de control, sobre todo, conductores de servicio público que llevan vidas bajo su responsabilidad y están generando muchísima accidentalidad.
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo, le sugiere a dicha comisión accidental del Congreso que estudie la complejidad de la problemática de manera integral y no solo desde una de sus causales (conducción en estado de embriaguez), que aunque constituye un fenómeno muy grave no es el único ni el más recurrente.