Otorgar las concesiones después de realizar las consultas con las comunidades, conseguir las licencias ambientales y adquirir la totalidad de los predios, fue la petición hecha ante el Gobierno Nacional por Asobancaria.

El objetivo de dicha solicitud es que se “liberen a los concesionarios, a los constructores y a los financiadores de los riesgos inherentes a los tropiezos de esos procesos”.

La entidad aduce que con base en el marco jurídico provisto por la Ley de alianzas público-privadas (APP), “el nuevo esquema de concesiones de cuarta generación (4G) busca atraer el capital privado para financiar la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, con el propósito de superar la escasez de fondos públicos para ampliarla, modernizarla y conservarla”.

Sin embargo, comparado con el anterior esquema, “el 4G establece requisitos patrimoniales exigentes para asegurar la solvencia de los participantes, distribuye de una manera más eficiente los riesgos entre los diferentes agentes”.

Es así que además “establece una novedosa modalidad de pago por segmento de obra terminada, e introduce una retribución según el volumen y la calidad de los servicios prestados”.

El 4G se esfuerza en transferir la mayor parte de los riesgos de las etapas de construcción y operación a la de pre-construcción, se lee en un documento divulgado.

“Con ello disminuirán  los riesgos en las etapas posteriores, pero prolongará la pre-construcción”, indica.

El informe de Asobancaria explica que los riesgos no se asignaron de manera óptima a las autoridades, que están mejor facultadas para gestionarlos.

“En consecuencia, aunque disminuyó su capacidad perturbadora, continuarán siendo uno de los principales cuellos de botella para la buena marcha de los proyectos”, agrega.

Por ello, pide que las autoridades “puedan relajarlos mediante las leyes pertinentes que tienen la intención de sacar adelante en el Congreso de la República”.