El alcalde Bogotá, Gustavo Petro, llamó a una movilización nacional y permanente para frenar su destitución e inhabilitación política, ratificadas este lunes por la Procuraduría de Colombia y que aún deben ser confirmadas por el presidente Juan Manuel Santos.

"Llamo a la movilización permanente y a la movilización nacional. Tenemos que hacer presencia en todas las plazas de las localidades de Bogotá", dijo Petro, al dirigirse a miles de sus seguidores que desde el anochecer se concentraron en la plaza de Bolívar, en rechazo a la sanción.

"Solicito al presidente que no se desespere. Muchos momentos en la historia de Colombia han terminado mal por el desespero. La serenidad nos puede guiar a las mejores decisiones", añadió el alcalde, en referencia a Santos, quien debe ejecutar la destitución e inhabilidad por quince años decidida por la Procuraduría.

La Sala Disciplinaria de ese organismo, que controla a los funcionarios públicos, ratificó este lunes un fallo del Procurador Alejandro Ordóñez, que sancionó a Petro en un caso de dolo en la reconversión del sistema de recolección de basuras de Bogotá.

Según la Procuraduría, Petro "cometió tres faltas disciplinarias gravísimas", dos de ellas a título de dolo, al modificar a fines de 2012 el sistema de recolección de basura, que pasó de ser una concesión adjudicada a compañías privadas a estar manejado por la empresa pública de aguas.

Petro reiteró su pedido a Santos para que antes de ejecutar la sanción en su contra espere la respuesta al recurso que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sostuvo que lo que ocurra en su caso tendrá repercusiones en la posibilidad de paz para Colombia.

"Tenemos pocos días. El Procurador quiere presionar al presidente para que rapidito ponga la firma y el abuso de poder cambie de responsable", dijo.

"En Bogotá está el escenario fundamental de la paz y de la democracia en Colombia", aseguró, al indicar que el país debe encaminarse a una Constituyente.

Petro, un economista y exguerrillero de 53 años, fue electo para gobernar Bogotá, ciudad de 7 millones de habitantes, para el periodo 2012-2016.

La sanción en su contra se produce mientras el gobierno de Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) llevan a cabo en La Habana un proceso de paz para poner fin a un conflicto armado de medio siglo que ha dejado cientos de miles de víctimas.