Casi un millón de personas es alimentada por la Administración de la Bogotá Humana, cifra que sería superior a la de sus antecesoras.

Así defendió el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, la labor de la secretaria de Integración Social, Teresa Muñoz.

Como lo  ha publicado EL NUEVO SIGLO, Muñoz está en el ojo del huracán porque en el Concejo se cocina una moción de censura que si tiene los votos necesarios, sería la primera en la historia.

El mandatario aclaró que “una cosa es la forma como alimentamos a la gente y ahí están los comedores, pero hay otras formas, como la política de seguridad alimentaria como objetivo de la política social. Nosotros estamos alimentando más gente que antes y ese es un gran logro. Estamos pasando a un millón de personas. ¿Cómo? Con restaurantes escolares que han aumentado de tal manera que estamos alimentando ahora a 700.000 personas, 200.00 más que antes. Sobre la calidad de la prestación de ese servicio no hay queja”.

Petro reconoció que hay problemas con la comida fría que se entrega. “La ración en el colegio se entrega en combo: un jugo y un sandwich. Al comprar en combo no hay ningún productor que haga esos productos unificados. Existe quien los combina, que es el intermediario, un acto de la contratación que es donde se ha cifrado la corrupción en los últimos años. Yo quiero acabar con comprar la comida en combo. Yo quiero comprar el jugo a los que hacen el jugo y el sandwich a los que hacen el pan y después a los que cortan la mortadela, jamón y tener un espacio donde eso se pueda empacar con las debidas condiciones sanitarias para entregarles a los estudiantes”, explicó el burgomaestre.

De acuerdo con la política alimentaria del Distrito, “el tercer objetivo es entregar a la tercera edad la canasta de comida amplia y nutritiva en la tienda, porque ayudaríamos a que la economía creciera con la política social nuestra, lo anterior no significa que se acaben los comedores comunitarios”, aclaró Petro.

Respecto a los comedores comunitarios, el alcalde señaló que se revisa caso por caso, “pero la mayoría de comedores comunitarios que tiene el Distrito siguen funcionando. Revisando con cruce de base de datos nos dimos cuenta que algunos de los comensales que asisten a los comedores no existían. Un porcentaje del 20 por ciento de cada lista. Eso significa dinero que se va para otro lado”.

En este sentido, explicó que “encontramos comedores que le cobraban al distrito 8.000 pesos por ración. Si usted va a cualquier tienda por acá y pregunta cuánto vale un corrientazo: 4.000 o 5.000 pesos. Lo que significa que una parte del dinero público se iba para otra cosa. Nosotros no queremos ese tipo de comedor comunitario. El que queremos es uno que le entregue a gente real y que lo necesite, a precios reales, mejor comida: mujeres embarazadas, personas desplazadas por la violencia y personas en condición de discapacidad”, resaltó el mandatario capitalino.

En otro escenario, el concejal de Progresistas, Yezid García, recomendó el debido proceso frente a moción de censura a la secretaria de Integración Social: “La secretaria ha sido blanco de acusaciones por parte de varios concejales de diferentes bancadas, sobre las políticas del despacho a su cargo”.

Aunque avanza la recolección de firmas para la moción de censura se espera el debate de control político para que la funcionaria explique sus actuaciones.

Muchos concejales han manifestado apoyo a la moción a la secretaria Muñoz, propuesta liderada por la cabildante Clara Lucía Sandoval, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Sandoval expresó que “la moción que promuevo es por el incumplimiento de las funciones propias de su cargo, por haber puesto en riesgo la seguridad alimentaria de casi 38.000 usuarios de comedores comunitarios y por las constantes denuncias que concejales de diferentes bancadas han realizado por la falta de transparencia, planeación y posible corrupción en esta Secretaría”.

La concejala denunció que existiendo de por medio un contrato de interventoría con la Universidad Nacional, la cual evaluó los componentes técnicos, nutricional de inclusión social, administrativo y financiero, de gran parte de los comedores de la ciudad, la Administración decidió cerrarlos sin importar el concepto de este informe que en promedio era bueno. Como si fuera poco muchos comedores fueron cerrados con anterioridad al vencimiento del contrato de interventoría el cual era hasta junio de 2013. Sandoval señaló cómo, aunque se esgrime el argumento de irregularidades en algunos comedores, la Administración no ha realizado las denuncias respectivas.

Puntos para promover la moción

El concejal Hosman Martínez, del Partido Verde, resumió los motivos de la moción:

1. Cierre de 173 comedores de los Fondos de Desarrollo Local. Vulneró el derecho a la  seguridad alimentaria a casi 43.000 personas (79 por ciento menores de 0 a 17 años).

2. Mil nuevos desempleados por esta medida: más de mil operarios, 78 focalizadores, 280 administrativos, 100 proveedores, 100 interventores. Quedan a la deriva 1.500 empleos indirectos.

3. Retraso de hasta 2 meses en la entrega de canasta alimentaria a la población vulnerable. Alcanzan a cubrir la alimentación de 15 días. No contienen proteínas, verduras ni vegetales.

4. Cierre de 33 casas vecinales y jardines infantiles. 1.053 mujeres desempleadas.

5. Plan Distrital de Desarrollo pretende construir 595 jardines infantiles; adecuar y dotar otros 241. A la fecha no se ha puesto el primer ladrillo.

6. Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones ejecuta los dos contratos de mayor presupuesto, por 25.970 millones de pesos. Fue denunciada por corrupción en el informe de contratación en Bogotá de 2010. Consorcio Alimentando Capacidades 2013 no ha cumplido con la entrega de comidas en cantidades y calidades necesarias.

7. Por 10 meses el Centro Crecer de Engativá para niños en condición de discapacidad dejó de brindar atención por falta de un predio. Niños se trasladaron a Fontibón, donde quedaron hacinados, con menos profesionales (de 11 a 2). Pérdidas: 572 horas de aprendizaje y todo el presupuesto no invertido.

8. Falta de interventoría del proyecto 730. La Universidad Nacional hasta el 15 de julio vigiló y controló contratos y convenios. Hoy, recursos de seguridad alimentaria (138 comedores comunitarios, bonos y canastas) no cuentan con un control para evitar malversación.

Más de 7.000 millones de pesos adeuda la Secretaría a operadores. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) presentó informe de interventoría hace un año. A la fecha más de 300 contratos no han sido liquidados y corren el riesgo de perder el dinero, al caer en la figura “Pérdida de Competencia”.

La UNAD, entidad que demandó a la Secretaría por no recibir la totalidad  de la deuda, la cual asciende a 800 millones. A pesar de haber presentado el informe final de Interventoría en septiembre del 2012.