Rebajas del 17 por ciento en el servicio de aseo de Bogotá a partir de marzo anunció ayer el alcalde Gustavo Petro en la Comisión Sexta del Senado, célula legislativa a la que compareció para tomar parte de un debate de control político al nuevo esquema de recolección de residuos sólidos en la capital.

El anuncio se dio al desmentir enfáticamente que el sobrecosto del esquema fuera de 20.000 millones de pesos, señalando que si bien hubo algunos costos operacionales, estos no se van a ver reflejados en las tarifas de los usuarios.

"Esas cifras son erróneas. Es falso que la operación no sea sostenible. No hay libre competencia en el mercado del aseo, porque existe un gran monopolio privado. Estamos trabajando para comprobar que sí puede funcionar la prestación del servicio con la contratación pública".

"Los costos de las volquetas del día 18 de diciembre no los pagarán las tarifas porque no lo permite la ley. Bogotá Humana no traslada los costos por las ineficiencias iniciales a las tarifas de los usuarios, se pagarán con las utilidades del operador público", dijo el mandatario distrital.

El senador citante Carlos Alberto Baena, presidente del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), señaló que la contratación del nuevo modelo de aseo tuvo mucha improvisación porque dijo, "en las operaciones se invirtieron 17.000 millones de pesos, en la compra de las 461 volquetas, de las cuales solo utilizaron 221, tuvieron un costo de 5.500 millones de pesos y en 4.276 trabajadores se pagó 3.000, 120 millones de pesos, sin que ellos pudieran trabajar, de los 60 compactadores que se trajeron solo están operando 21".

Esa “improvisación” fue calculada por Baena en un sobrecosto de 20.000 millones de pesos: "Alguien tiene que responder por este sobrecosto, aquí hay mucha responsabilidad política, se negoció muy mal porque los operadores dijeron que iban a rebajar el 20 por ciento y solo se logró el 8 por ciento, no se hicieron las previsiones necesarias".

El senador Jorge Eliécer Guevara, del movimiento Progresistas, sostuvo que el nuevo modelo es completamente público y que el Estado debe cumplir un papel de democratización, para acabar con la pobreza que agobia a los colombianos: "Aquí en Bogotá se ha iniciado un proceso que lo van a copiar las demás regiones, el neoliberalismo ha cumplido un ciclo, ya quedó en el pasado ahora el Estado puede asumir la contratación de los servicios públicos".

El presidente de la Comisión, Eugenio Prieto, del Partido Liberal, manifestó que se debe tener en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional, con el auto 275 de 2011, donde indica que el reciclador tiene que estar en la actividad de aseo de la ciudad, indicando que "estamos en un despelote, y esto no es un buen modelo para el resto del país" y que "el Estado debe garantizar con calidad la prestación de los servicios públicos a los usuarios".