El Pentágono anunció el jueves una serie de medidas para mejorar la lucha contra las agresiones sexuales en el ejército, aunque sin llegar a quitar a los militares su poder sobre el procedimiento, en una reforma criticada por muchos parlamentarios.
Varios proyectos de reforma de la justicia militar fueron presentados ante el Congreso estadounidense para intentar erradicar los casos de violación y agresiones sexuales en el ejército.
El Pentágono intenta de esta manera "reforzar los programas" de lucha contra estos abusos. "Todas estas medidas conceden más derechos, protección y respaldo jurídico a las víctimas y permiten asegurarse que las investigaciones y juicios se lleven a cabo de forma profesional y completa", afirmó el secretario de Defensa Chuck Hagel en un comunicado.
"Las agresiones sexuales son una mancha en el honor de los hombres y mujeres que sirven de forma honrada nuestro país, así como una amenaza para la disciplina y la cohesión", explicó.
Una de las medidas prevé la creación de un "programa de defensa de las víctimas" para darles representación jurídica durante el juicio. Otra obliga al comandante de la unidad nombrar a jueces abogados generales para llevar adelante investigaciones preliminares, judicializando de esta manera el caso a partir del momento en que se dan a conocer los hechos.
Además se facilitará el traslado de una persona sospechosa de agresiones sexuales para evitar que esté en contacto con su víctima.
Estas medidas son "sustanciales pero constituyen sólo una etapa en la vía a la eliminación de este crimen de nuestras fuerzas armadas", recordó la Casa Blanca en un comunicado. "El presidente (Barack Obama) espera que este esfuerzo se mantenga (...) tanto como sea necesario".
Sin embargo no es suficiente para muchos legisladores en el Congreso que quieren que la justicia militar deje de tener autoridad en casos de agresiones sexuales.
Según la legisladora Jackie Speier, "nada garantiza la seguridad de víctimas que denuncian abusos, y nada resuelve el problema cuando estos casos se mantienen en el seno de la cadena de mandos".
Si bien estas medidas son "positivas", no son un "avance necesario para resolver el problema", considera por su parte Kirsten Gillibrand, otra legisladora demócrata.
"Es hora de que el Congreso aproveche la oportunidad, escuche a las víctimas y cree un sistema de justicia militar independiente, objetivo y no sesgado", afirma.