En medio de la discusión sobre la conveniencia de revivir propuestas como la cadena perpetua y la pena de muerte para castigar los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, consideró que no es necesario apelar a figuras de esa naturaleza para impartir justicia y combatir la impunidad.

El funcionario consideró que ya existen las herramientas jurídicas para impartir sanciones ejemplarizantes, sin acudir a modalidades ya proscritas en otras democracias, como sucede con la pena de muerte, abolida en la mayor parte de Europa y actualmente en proceso de revisión y desmonte en Estados Unidos, como sucedió recientemente en Pensilvania.

De hecho, el Código de Infancia y Adolescencia establece que no puede haber acuerdos entre Fiscalía y Defensa en casos de secuestro, homicidio, delitos sexuales con menor de 14 años y lesiones personales, siendo incluso agravadas las penas en un 50 por ciento.

Lo anterior quiere decir que a la luz del Código Penal, en escenarios como los descritos anteriormente, las condenas para los responsables de estos delitos, oscilan entre los 30 y los 60 años sin ningún tipo de rebaja.

En este orden de ideas, el Defensor del Pueblo dijo que lo importante es asegurar la aplicación estricta de las normas y avanzar, como lo expuso la semana anterior, en la articulación institucional del Estado para prevenir, investigar y castigar todos los episodios de violencia contra niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de corresponsabilidad social.

Otálora Gómez confió en que la captura y el sometimiento a la justicia de los autores materiales e intelectuales de la masacre de cuatro niños en Florencia, Caquetá, sean  el punto de partida para que las sanciones en estos casos no se conviertan en un ejemplo más del fracaso o la mala ejecución de la política criminal en Colombia, máxime cuando los derechos de los niños y niñas están por encima de los demás.