El Grupo de Expertos que investiga la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, México, denunció que el gobierno infiltró sus dispositivos electrónicos con un malware. Lo hizo, según los afectados, para bloquear la responsabilidad del estado en el polémico caso
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El gobierno de Enrique Peña Nieto está contra la pared. A su golpeada popularidad, que llegó a su punto más bajo desde 1996 (58% reprueban su gestión), se suma la denuncia hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) responsabilizando al estado mexicano de espionaje a través de un programa informático conocido como Pegasus.
Pegasus, según revelaciones de The New York Times, fue usado en primera instancia contra grupos de activistas y defensores de derechos humanos. Al abrir sus dispositivos, las personas recibían un mensaje que, en caso de darle clic, bloqueaba todo el sistema operativo, incluyendo correos, cámaras y micrófonos.
En el marco de la investigación por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, los seis investigadores del Grupo, entre ellos Alejandro Valencia, abogado y defensor de derechos humanos colombiano, fueron víctimas de este malware, que impidió la celeridad en este caso.
La desaparición forzada ocurrió entre el 26 y 27 de junio de 2014. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se dirigía a la Ciudad de México en buses robados para conmemorar la masacre de Tlatelolco (en 1968 varios líderes del movimiento estudiantil fueron asesinados por fuerzas del gobierno), se chocó con el ejército mexicano de Iguala y presuntos grupos ilegales. Al final de la madrugada, nueve personas fallecieron, 27 resultaron heridas y 43 fueron desaparecidas.
Según el Grupo de Expertos, en un informe del 24 de abril de 2016, la investigación adelantada por el Estado estuvo llena de omisiones e irregularidades por parte de la Procuraduría General de la República de México.
El gobierno de Peña Nieto ha dicho que el Ministerio Público ha adelantado todas las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes. Pero los nominalistas, que ya llevan dos años y nueve meses desaparecidos, no aparecen. Desesperados, sus padres siguen gritando: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sin, al menos, conocer en qué lugar están enterrados.
En su informe, el Grupo de Expertos dice que la policía de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzco, en el estado de Guerrero, al suroccidente de México, actuaron en conjunto para que los estudiantes no salieran de Iguala, donde fueron trasladados en camionetas y camiones por presuntos grupos asociados al narcotráfico.
Los estudiantes, luego de ser secuestrados, fueron torturados, en el basurero de Cocula y el Río San Juan, en el estado de Guerrero. Al final, los cuerpos fueron trasladados a un lugar del cual, años después, aún no se conoce.
“El gobierno de Peña Nieto, en un intento que mermó aún más su credibilidad, compró el programa informático Pegasus para bloquear su posible responsabilidad en el caso de Ayotzinapa”
El gobierno de Peña Nieto es culpado por el Grupo de Expertos por connivencia con grupos irregulares y omisión a la hora de recopilar testimonios y documentos para la investigación, ya que, entre otras cosas, no se pudo entrevistar a los militares que estuvieron presentes en la noche y madrugada de la desaparición de los estudiantes.
Según el documento, de más de 600 páginas, hubo una coordinación entre policías y criminales, demostrando el nexo entre estos actores la hora de cometer el delito. Queda claro, de esta manera, que el estado mexicano, en pos de la salvaguarda de ciudadanos, de acuerdo el deber de garante que le es exigible, no protegió a los estudiantes de los grupos asociados al narcotráfico y, hasta donde se ha podido corroborar, omitió efectuar medidas para bloquear su acción o actuó en connivencia con ellos.
Estrategia de Estado
Ante los presuntos vínculos de las fuerzas estatales con miembros de bandas asociadas al narcotráfico, el gobierno de Peña Nieto, en un intento que mermó aún más su credibilidad, compró el programa informático Pegasus para bloquear su posible responsabilidad en el caso de Ayotzinapa.
En México, desde que ocurrió la desaparición forzada de los estudiantes, no hay un tema más sensible que este. En diferentes encuestas de opinión, se ve reflejado la importancia que tiene el caso de los nominalistas para la opinión pública y la ciudadanía.
El Gobierno, sin embargo, prefirió, presuntamente, bloquear la investigación. ¿Cómo? Con un virus parecido al que ha atacado a empresas y gobiernos el último mes, que toma toda la información del dispositivo, pero, al parecer, no exige un pago a cambio mediante moneda bitcoin como en el resto de los casos.
De acuerdo a The New York Times, que entrevistó al Grupo de Expertos, el virus se propagaba en los dispositivos mediante un mensaje de texto. Este, según el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, anuncia la muerte de un familiar para lograr que la persona lo abra.
Los expertos, reunidos en México para adelantar las investigaciones que inculparían al estado mexicanos, recibieron este tipo de mensajes el 1 y 4 de marzo de 2016, seis meses antes de la presentación del documento final, según El País de España.
De momento, Enrique Peña Nieto no ha negado estos hechos en contra de su gobierno, publicados por el diario el lunes de esta semana. Pero lo que no se ha hecho esperar han sido los efectos sobre su popularidad, que ya roza mínimos que no se veían desde hace más de veinte años.
Al final, no se sabe dónde están, vivos o no, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Mientras el estado mexicano, envuelto en un escándalo de espionaje, no le concedió la prórroga de al Grupo de Expertos para seguir con las investigaciones. Ni ha pedido disculpas por espiar.
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