¿Cuáles son las perspectivas del debate público en 2014? Algunos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, a través del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, hicieron un mapa con base en el análisis del año que termina

 

 

 

 

1. Proceso de paz

 

Para el profesor Carlos Mario Perea, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), “el proceso ha avanzado de manera considerable. En este momento se han negociado los dos puntos fundamentales del corazón de la resistencia de las Farc: el problema agrario y la apertura política. Que se haya llegado a un acuerdo con respecto a esos puntos nos da luces que el proceso realmente va a tener un resultado positivo”.

“Por supuesto”, precisó, “falta todavía negociar dos puntos muy importantes sobre los que hay diferencias y enconos, pero creo que ellos se van a resolver. En cuanto a las drogas, la idea sería que las Farc ayuden a desmontar cadenas mafiosas e ilegales, no sólo del narcotráfico sino también de otras redes. Por su parte, el tema de las víctimas, naturalmente tiene dificultades, porque ellos mismos se han declarado víctimas, pero ya han hecho pronunciamientos sobre la degradación de la guerra. De eso depende mucho la legitimidad pública del proceso y si aceptan su participación en la guerra, eso va a hacer que la opinión pública de un viraje importante hacia un apoyo del proceso de paz”.

“También hay obstáculos por fractura que hay entre el Plan de Desarrollo del Gobierno y lo que se está negociando en Cuba, porque no se ve la manera como se articula lo uno con lo otro. Mientras allá se está hablando de una reforma agraria y de un proyecto de gran envergadura para el campo, se está apoyando sin ninguna cortapisa la explotación minera y los tratados de libre comercio. Tampoco hemos resuelto el problema de esas fuerzas oscuras, como las bandas criminales que se han fortalecido y no han abandonado su papel en el exterminio de ciertas fuerzas políticas. Quizás no vamos a tener una persecución como la de la UP, pero tampoco podemos decir que en este país hemos resuelto el problema del reconocimiento a la diferencia y a la oposición”, comentó Perea.

“Por eso decimos que la firma de los acuerdos es sólo el comienzo, porque el obstáculo más grande para la paz es la reconciliación, en un país con un conflicto de más de 60 años que ido acumulando muertes, dolores y cicatrices casi incurables como el desplazamiento o el despojo de tierras. Tenemos que estar dispuestos, como sociedad, a perdonar y a trabajar con quienes han sido nuestros adversarios y enemigos, de esa forma la sociedad participaría de manera activa en la construcción de la paz”, sostuvo el catedrático, agregando que “todos los que tenemos de una u otra manera un papel que cumplir, desde las universidades, colegios, iglesias o medios de comunicación; todos los que estamos metidos en la construcción del discurso, de la imagen, de la comunicación y la palabra en este país, debemos trabajar decididamente en la dirección de construir un ambiente para la reconciliación.

En cuanto al papel de la Universidad Nacional en el proceso de paz, hay que reconocer que la universidad pública en general, ha perdido el protagonismo que tenía en la interpretación y en la lectura del conflicto. Nos hemos quedado a la saga de un proceso que nos ha desbordado por todos lados, no hemos logrado construir un pensamiento contundente, capaz de interpretar el conflicto, estamos en una condición en donde las ONG y otras organizaciones son las que están teniendo el liderazgo y las iniciativas más importantes”.

“Sin embargo, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad nos ha puesto a la orden del día con los foros, que finalmente son la manera como la sociedad ha participado hasta el momento, y eso cumple una tarea muy importante. No obstante, necesitamos construir otros espacios que nos estén poniendo en un lugar de avanzada, en un lugar líder en la interpretación y en la formulación de propuestas hacia la paz”, manifestó.

“En caso de que se lleguen a acuerdos en La Habana, la Universidad será clave para la interpretación de lo que esté sucediendo, en la formulación de respuestas; y también convirtiéndose en un garante en esa construcción de paz”, dijo.

 

 

2. Sector agropecuario

 

Carlos Suescún, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, expresó que “en Colombia el sector agropecuario es lánguido con respecto a otros como la minería. En los últimos quince años, el agro ha experimentado una fase de deterioro cada vez más profunda en sus indicadores, incluso llegando a tener tasas de crecimiento negativas”.

“Este año”, anotó, “a pesar de las protestas en el campo, según algunos pronósticos del DANE se ve la recuperación de algunos rubros agropecuarios. No obstante, hay que recordar que el agro fue el sector más golpeado por la ola invernal de 2011 y aún se encuentra en una fase de recuperación, que ha sido lenta debido a los paros y la entrada en vigor de los TLC que lo han impactado negativamente”.

“En cuanto al panorama de este sector en el marco de las negociaciones de paz, se han establecido muchas proyecciones y esperanzas, y aunque el primer punto de negociación ha sido la tierra y el campo, este punto carece de la amplitud necesaria, para que factores estructurales que siempre han afectado a la ruralidad en Colombia se subsanen. Si bien hay una especie de recomposición de la estructura de la propiedad de la tierra a través de la figura de las zonas de reserva campesina, resultan siendo paliativos para el tema de fondo que es la propiedad de la tierra. Esperemos que los asuntos relacionados con el catastro y la tributación en las zonas rurales, ayuden a dinamizar el uso productivo a la tierra en el país”, indicó el profesor Suescún.

Para el catedrático, “otro factor, además de la propiedad, es el macrosector de la minería. Según el Ministerio de Agricultura, existe un conflicto en el uso de la tierra, pues al revisar el mapa nacional gran parte de la tierra con vocación agrícola y pecuaria está llena de títulos mineros. Eso, en un proceso de posconflicto, es una gran paradoja y no veo que en lo que se ha negociado hasta el momento gran relevancia sobre ese aspecto”.

“Para el 2014”, anticipó Suescún, “se podrá evidenciar la capacidad del Gobierno para responder a todo lo que significó el Paro Agrario en Colombia, ya se escuchan voces de líderes sobre incumplimientos en los acuerdos o de que en el pacto no están todos están articulados. Esto es grave, pues ese pacto fue el que presentó el Gobierno para ser financiado con el Presupuesto General de la Nación y si los recursos están ‘amarrados’ a ese texto aprobado, pero los directamente afectados no están de acuerdo, será difícil que se cumplan las prerrogativas de estos sectores”.

“Cabe recordar”, dijo, “que no son sólo factores estructurales los determinantes de las protestas que se vivieron en el 2013 en el campo, también se trataban temas como la comercialización, los TLC, la tasa de cambio, los insumos, la infraestructura y la forma en que se pueda garantizar una competencia justa; esto ha chocado con la óptica que se tiene del desarrollo en el país en general y hará difícil que se limen las asperezas con el Gobierno, más allá de lo que suceda en La Habana”.

 

 

3. Reforma a la salud y sistema pensional

 

El profesor Óscar Rodríguez, director del Observatorio de Protección Social, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), planteó que “la situación de la salud en 2013 se puede ver desde dos ángulos, la profundización de la crisis y los intentos del Gobierno para poder salir de esa situación. Con respecto a la crisis, es importante que el Gobierno reconoció que el sistema tiene graves problemas de corrupción, financieros, de robos de recursos y que se ha convertido en una fuente de poder de carácter clientelista”.

“Algunos indicadores de la crisis del sistema son la cantidad de colombianos que deben acudir a las tutelas para poder recibir un servicio oportuno y de calidad; también se evidencia en la deuda de las EPS con los hospitales, que la Asociación de Clínicas y Hospitales calcula en 4,3 billones de pesos, como el caso tétrico de Bogotá donde hay un déficit en los hospitales de 435.000 millones de pesos”, señaló Rodríguez, comentando cómo “el Gobierno trató de solucionar esto con medidas de carácter legislativo. Recordemos que el 2013 comenzó con una reforma tributaria, que impacta a la salud porque le quitó a las empresas de gran capital los aportes parafiscales, reemplazándolos por un nuevo impuesto sobre la renta (el CREE). A pesar de las buenas intenciones del Gobierno, ya se está evidenciando que hay faltantes en materia presupuestal y eso está ayudando a profundizar la crisis de la salud”.

“También se presentó una reforma estatutaria en donde se enuncia que la salud será un derecho fundamental, visto como un elemento de equidad, sin embargo, si uno articula esa reforma estatutaria con la ley fiscal, existe una paradoja porque el objetivo de tener unas finanzas públicas ‘estables’, choca con las tutelas y la posibilidad de muchos de tener acceso a un sistema de salud digno”, comentó.

“Entrando en el tema específico de la reforma a la salud que presentó el ministerio del área, hay que anotar que ha tenido una gran oposición de las sociedades científicas, las universidades, los gremios y los usuarios, porque no parece garantizar la salud como un derecho y acceder a él en condiciones de igualdad y calidad. En la reforma se encuentra una mezcla de muchas cosas, por un lado, una centralización de recursos en Salud Mía que reemplaza al Fosyga y que genera muchas dudas en la suficiencia que tendría para el manejo de la facturación, los pagos, etc”, explicó.

Para Rodríguez, “el gobierno sigue comprometido con un proyecto rechazado por la mayoría de los sectores comprometidos en salud, porque fortalece la intermediación financiera, que no resuelve los graves problemas del sistema, que vacila en la herencia nociva de la ley 100 y que no avanza en garantizar la salud como un derecho”.

 

Pensiones

 

“El sistema pensional sigue siendo bastante deficiente en términos de cobertura de protección y de afiliación. Por la primera, se entiende al número de colombianos mayores de 60 años que tienen derecho a una pensión (menos del 18%); y la segunda hace referencia a las personas que están trabajando y cotizando (menos del 30% de la población trabajadora). Con estas cifras, podemos decir que estamos ante una preocupante situación en donde el futuro va a estar marcado por una gran cantidad de viejos pobres. Otro tema delicado es el de Colpensiones, que heredó del Seguro Social más de 200.000 tutelas y la Corte le ordenó solucionar antes de finalizar el 2013, cosa que es bastante improbable”, manifestó Rodríguez, anotando que “en este campo el Gobierno ha intentado avanzar en un elemento positivo como la pensión familiar, que consiste en que una pareja (matrimonio o unión de hecho), que cumpla con la edad para pensionarse, pero no tengan la cantidad de semanas cotizadas, puedan unirlas para completar las semanas requeridas y recibir una sola pensión para el núcleo familiar”.

“Cabe anotar”, observó, “que una preocupación con respecto a la reforma que presentó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, es un fortalecimiento a los fondos privados, y recordemos que cuando hay caídas en la rentabilidad quien lleva el problema es el afiliado, porque la masa de ahorro disminuye y de igual forma sus pensiones también. Otro tema importante de discusión es que sólo tres fondos privados monopolizan el 70% del ahorro pensional y eso es un indicador que preocupa en la concepción democrática de los recursos económicos de un país”.

“Por ahora el Gobierno ha decidido aplazar la discusión de la reforma pensional, en tanto tramita la de salud y sin duda este tema será objeto de discusión en 2014 por el ambiente electoral. Seguramente el capital político después de las elecciones, servirá para profundizar en los cambios que necesita el modelo actual”, expresó Rodríguez.

 

 

4. Infraestructura

 

“El balance de la infraestructura y la logística en Colombia en 2013 es, en términos generales, positivo”, consideró José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio, del CID, añadiendo que “se destacan noticias como la inversión de las asociaciones público privadas que fortalecerán la navegabilidad por el río Magdalena, el modo férreo y las carreteras; lo que ayudara a disminuir los costos logísticos en el mediano plazo. Otra noticia es el fortalecimiento del aeropuerto el Dorado y de otros aeropuertos regionales, que aumentará la capacidad de carga y la conectividad”.

“En la misma dirección, apareció la Ley de Infraestructura que ayuda a establecer protocolos para consulta en comunidades, licencias ambientales y compra de tierras. En su conjunto, estas noticias hacen que el sector cree las condiciones para reducir costos, aumentar la velocidad y se establezca las intermodalidad y los agentes económicos como los operadores, las empresas transportistas y los generadores de carga, realicen acuerdos que favorezcan la logística en Colombia y disminuir el rezago del país en esta materia”, relacionó el profesor Rojas.

“También se ha ido fortaleciendo la institucionalidad en el sector, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y demás agencias; trabajan ahora de forma coordinada y ese arreglo institucional hace que el sector de infraestructura y transporte sea, de cierta manera, consistente. Falta hacer mucho trabajo desde las empresas (los generadores de carga, los transportadores y los receptores de carga) para que entre ellos, con ayuda del Estado, se forme un clúster que contribuya a la competitividad”, registró.

Sin embargo, sostuvo que “por otra parte, es necesario mencionar que existen algunas incertidumbres como la anunciada venta de Isagén y la inversión de los recursos de esa transacción en la mejora de la infraestructura en el país; y las concesiones de cuarta generación, que ofrecen un marco donde el Estado y los privados ganan, pues están enfocadas en fortalecer las Autopistas de la Prosperidad, pero no se tiene claro cómo se van a fortalecer las vías secundarias y terciarias, que necesitan urgentemente apoyo y que no se tiene la seguridad de que los recursos alcancen para cubrir esas vías”.