Entre los proyectos de ley que se han movido muy bien en esta legislatura se encuentra el que dota al Estado de una política de la gestión del riesgo.
La iniciativa fue radicada el 10 de agosto y publicada al día siguiente. La ponencia para el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara estuvo lista y publicada el 19 de septiembre, célula legislativa donde fue aprobada el 28 de ese mes.
La ponencia para el segundo debate quedó finiquitada el 3 de octubre y hoy es la iniciativa con que se abre el orden del día en la plenaria de la Cámara, citada para las 10 de la mañana.
Se trata del proyecto de ley número 050 de 2011 Cámara, “por el cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se establece el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones”, radicado a nombre del Gobierno Nacional por el ministro del Interior, Germán Vargas.
La ponencia estuvo a cargo de los representantes José Edilberto Caicedo y Luis Guillermo Barrera, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); John Jairo Roldán, del Partido Liberal; Juana Carolina Londoño y Ciro Antonio Rodríguez, del Partido Conservador; y Didier Alberto Tavera, del Partido de Integración Nacional (PIN).
De acuerdo con la exposición de motivos de la ponencia para este segundo debate, el proyecto busca que la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, sea un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
El ministro Vargas ha explicado que este proyecto crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el cual, a nivel nacional, será dirigido por el Presidente de la República, y para fortalecer la descentralización también en este importante tema de prevención y atención, en los departamentos y municipios será encabezado por los respectivos gobernadores y alcaldes.
“El Sistema funcionará bajo la coordinación de la Presidencia de la República, lo que significa que la Dirección de Gestión del Riesgo, que actualmente está en el Ministerio del Interior y de Justicia, pasará a ser un dependencia adscrita a la Casa de Nariño”, según el alto funcionario.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tendrá como objetivos desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo y de manejo del mismo para que el país esté más preparado a la hora de atender desastres naturales y calamidades, como la ocurrida en los últimos meses de 2010 por la inclemencia del invierno, que dejó a miles de damnificados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Durante la discusión en la Comisión Sexta, el viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, expuso cómo el proyecto da representatividad a las comunidades indígenas y afrodescendientes en los Comités Territoriales y al papel que deben cumplir las Corporaciones Autónomas Regionales, como integrantes de estos, en materia de gestión del riesgo y su apoyo en la planificación territorial.
De acuerdo con los ponentes, en la iniciativa “se contemplan, por primera vez, los instrumentos de planificación como una obligación del Gobierno Nacional en la formulación e implementación de planes de gestión del riesgo con el objetivo de programar, priorizar y ejecutar acciones por parte de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, así como la Estrategia Nacional de Respuesta a las Emergencias, como cierre del proceso”.
En resumen, consignaron en la exposición de motivos, “se contempla la Política de la Gestión del Riesgo como un compromiso de Estado, desde lo nacional a lo territorial, incluyendo estructura, dirección, control, planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, inclusión del riesgo en la planificación e inversión pública, financiación, situación jurídica ante los desastres o calamidades, régimen especial, en fin, una estructura que se pretende ambiciosa para enfrentar los eventos naturales, incluido el cambio climático, como los humanos no intencionales”.