Todo parecería indicar que en esta legislatura no se produjeron las anunciadas y esperadas, no en ese orden, reformas al Congreso, que deberían concretarse en cambios en la Ley Quinta, en general, y a las comisiones de conciliación en particular.

Hoy en la Comisión Primera de la Cámara están de primeros en el orden del día dos de esos proyectos.

Uno es el proyecto de ley número 200 de 2012 Cámara, “por medio del cual se dictan normas para la modernización del Congreso y la modificación del régimen de Comisiones”.

La iniciativa fue radicada el 1 de noviembre por el senador Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional, La U) y los representantes Gloria Stella Díaz (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA), Juan Valdés (Alianza Social Independiente, ASI), Augusto Posada (La U), Carlos Andrés Amaya (Partido Verde), José Joaquín Camelo (Partido Liberal), Luis Enrique Dussán (Unidad Liberal), Julio Eugenio Gallardo (Movimiento de Integración Regional, MIR) y Alfredo Bocanegra (Partido Conservador).

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto “busca modernizar la estructura y organización del Congreso”, creando, entre otras cosas, “la Gerencia General del Congreso” que “estará encargada de actuar como organismo administrativo del Congreso” teniendo a su “cargo la organización y la gestión de los servicios administrativos de las cámaras”. En otras palabras: unifica la administración que hoy funcionan por separado en Senado y Cámara.

El segundo proyecto es el número 221 de 2012 Cámara, “por el cual se modifica la Ley 5ª de 1992, reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, y se dictan otras disposiciones”, que fue radicado el 4 de diciembre por los representantes Alfonso Prada (Partido Verde), Germán Varón, Rosmery Martínez (Cambio Radical), Carlos Eduardo Hernández, Jaime Buenahora, Berner León Zambrano, Roosvelt Rodríguez (La U) y Heriberto Sanabria (Partido Conservador).

“A través de este proyecto de ley”, dice la exposición de motivos, “se propone modificar el procedimiento de presentación de proposiciones, de tal suerte que, para el inicio de cada sesión se conozcan no solo los proyectos a discutir, sino también todas las propuestas que pasarán a nutrir los debates de cada una de las iniciativas. Para el efecto se propone un término máximo razonable para la presentación de las mismas y su publicación, en procura de garantizar el conocimiento de las mismas por todo el órgano legislativo”.

 Sin afán

Que los proyectos estén de primeros no es garantía de que se les de trámite, pero por supuesto se espera que sean debatidos y se tome alguna decisión al respecto.

Sin embargo, hay pesimismo.

Estas y otras iniciativas similares, consideraron los congresistas consultados por EL NUEVO SIGLO, no avanzarán por falta de tiempo, aunque observaron que se pueden salvar son los que tienen que ver con leyes orgánicas.

Algunos creen que incluso los proyectos ordinarios podrían ser acumulados y presentar uno solo el 20 de julio.

El representante Varón, por ejemplo, manifestó que ve inviable la unificación de las administraciones de Senado y Cámara, y más aún cuando va unido al tema de las conciliaciones.

“Yo no comparto esa unificación”, dijo; “desde el punto político lo veo inviable. De tal manera que si nosotros no logramos en lo que queda de la legislatura aprobar ese proyecto, lo volveremos a presentar el 20 de julio”, precisó.

Prada manifestó que hay unas leyes ordinarias que pueden hacer su trámite con total tranquilidad después del 20 de julio.

“No se ha votado hasta el momento ningún proyecto. Algunas son leyes estatutarias y otras leyes orgánicas, lo que quiere decir es que no todas deben ser aprobadas en esta legislatura”, explicó.

Como se dijo al comienzo, Prada y Varón son coautores del proyecto que está de segundo en el orden de día de la Comisión Primera de la Cámara. Prada sostuvo que ambas iniciativas se les podría dar un debate, pero aceptando que realmente les queda muy poco tiempo, aseguró que si el 221 no se vota hoy será nuevamente presentado el 20 de julio.

Entre tanto el secretario de la Comisión Primera de la Cámara, Emiliano Rivera, consideró que el problema de todo radica en el tiempo: “Nosotros tenemos todos esos proyectos dentro de los primeros puntos en el orden del día para poderlos evacuar y trabajar”.

El funcionario anotó que la verdad es que la agenda legislativa en cada una de las plenarias está muy apretada y por consiguiente se observa un panorama complicado en la aprobación de los mismos: “Nos toca establecer el tiempo que no vaya a dejar la plenaria”.

Rivera dijo que lo mejor es buscar la forma de sacar lo mejor que contiene cada proyecto para presentar uno solo.

Pero para él, muchos de los proyectos de modernización del Congreso no requiere ni siquiera una ley, sino más bien voluntad de los congresistas y de los funcionarios en actualizar las partes administrativas. 

Poca voluntad

Para Alejandra Barrios la directora de Misión de Observación Electoral (MOE), el Congreso lo que está demostrando es que no tenía voluntad de reformarse.

“Este tipo de reformas se vuelven interesantes para titulares de prensa desde el Congreso, pero cuando uno ya mira el trámite, ya deja de ser interesante para los congresistas y no generan consenso entre ellos y es normal que se empiecen a quedar en el camino”, señaló.

No obstante dijo que es paradójico que lo que sí ha generado un gran consenso en el tema de la eliminación a las curules para las minorías políticas.

El representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, señaló que eso lo que demuestra es que el Congreso trabaja por lo que digan desde la presidencia: “Se hizo solo lo que el Gobierno quería. Observe que lo que se tramitó es lo que dijo el Gobierno y se olvidaron los proyectos legislativos. Eso demuestra que se legisla como quiere la Presidencia de la República”.

Camilo Mancera, investigador de la MOE, precisó que “esas iniciativas quedaron prácticamente suspendidas en el trancón legislativo”.

Futuro incierto

 Tras el incidente de aprobación y hundimiento de la reforma a la justicia, varios sectores del Congreso recogieron el clamor de la opinión pública por un replanteamiento del funcionamiento legislativo.

Así nacieron varias iniciativas para reformar la Ley Quinta, reglamento del Congreso, incluyendo un proyecto integral desarrollado desde la sociedad civil.

Infortunadamente esta iniciativa está quieta.

Se trata del proyecto número 199 de 2012 Cámara, “por el cual se modifica la Ley 5a de 1992 y se añaden otras disposiciones”, radicado el 1 de noviembre por varios de los ya mencionados (como los senadores Barreras y los representantes Camelo, Posada, Amaya, Dussán, Bocanegra, Gallardo, Valdés y Díaz) y por José Antonio Correa (Partido de Integración Nacional, PIN –hoy Opción Ciudadana) y Marco Aníbal Avirama (Alianza Social Independiente, ASI); así como por los representantes Alfredo Deluque (La U) y Alba Luz Pinilla (Polo Democrático).

La iniciativa aún espera ponencia para primer debate en la misma Comisión Primera de la Cámara.