Partidarios y adversarios del presidente egipcio Mohamed Mursi se manifestaban este martes, vigilados por el ejército, al que el mandatario otorgó el lunes poderes policiales hasta el controvertido referéndum constitucional previsto el sábado.

Dos coaliciones rivales llamaron a manifestarse, una islamista, que apoya el referéndum , y otra liberal y de izquierda, que exige la anulación de esta consulta electoral, en medio de la peor crisis política en Egipto desde la elección a la presidencia de Mursi.

Un decreto presidencial del 22 de noviembre ampliando los poderes del mandatario provocó una ola de protestas y manifestaciones en el país, antes de ser anulado. El pasado miércoles, los enfrentamientos entre partidarios y adversarios de Mursi dejaron siete muertos en la capital.

La coalición de partidos y movimientos islamistas que incluye a los influyentes Hermanos Musulmanes se congregará a menos de 2 km del palacio presidencial en las últimas horas de la tarde. Inicialmente, tenía previsto manifestarse a las 10H00 GMT.

En cambio, la principal fuerza salafista, el partido Al Nur, llamó a no manifestarse para evitar aumentar la tensión.

La oposición, incluyendo al Frente de Salvación Nacional (FSN) que preside Mohamed ElBaradei, exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), tiene previsto salir por la tarde de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, y dirigirse hacia la zona del palacio presidencial, en los suburbios de la capital.

Hacia el mediodía del martes, unos 200 manifestantes opositores intentaban cruzar las barreras colocadas en torno al palacio, pero el ejército se lo impedía, sin que se registraran incidentes.

"Martes decisivo", titulaba el diario gubernamental Al Jumhuria, que también se refería a "un nuevo pulso antes del referendo".

Mursi otorgó el lunes poderes policiales al ejército, incluyendo la facultad de arrestar civiles, hasta el anuncio el sábado del resultado del referéndum constitucional sobre un polémico proyecto de Constitución que divide al país.

Con este decreto, el ejército tiene la autoridad para arrestar civiles, una prerrogativa muy criticada durante el periodo en que los militares dirigieron el país tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011 y hasta la elección de Mursi en junio de 2012.

La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalcó que durante esta transición dirigida por los militares hubo "un uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales" llevadas a cabo por las fuerzas armadas.

Según Amnistía Internacional, esto abre "una fisura legal peligrosa que podría hacer que se procesen a civiles en tribunales militares".

Desde el jueves los tanques y las fuerzas armadas están desplegados en los alrededores del palacio presidencial en El Cairo pero no han tomado hasta ahora ninguna acción contra los miles de manifestantes en el lugar.

A pesar de las protestas, Mursi decidió seguir adelante con el referéndum, que según el presidente es la garantía para seguir con la transición política tras 30 años de régimen autocrático de Mubarak.

En los últimos días los manifestantes opositores no sólo pidieron la anulación del decreto y del referéndum, sino también la dimisión del presidente.

"Aplazar el referendo para dentro de dos meses solucionaría muchos problemas. Nos permitiría examinar nuevamente algunos artículos y brindaría la oportunidad a la sociedad de estudiarlo y dar su opinión", estimó por su parte el exsecretario general de la Liga Árabe y figura del FSN, Amr Musa.

Para rebajar el tenso clima social y político, Mursi suspendió el aumento de impuestos previsto para los productos de base (acero y cemento) y de consumo masivo (cigarrillos y bebidas no alcoholizadas), a la espera de la conclusión de un "diálogo" sobre sus efectos en la población.