“La Fiscalía considera injustificado el cese de actividades programado para el nueve de octubre, reitera su voluntad de diálogo e invita a los servidores a reflexionar sobre la pertinencia o no de la jornada de protesta”, manifestó ayer el titular del ente acusador, Eduardo Montealegre, en un comunicado.

Dijo que la Fiscalía ha hecho todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los trabajadores y aun así insisten en irse a cese de actividades.

El Fiscal dijo que en diferentes oportunidades citaron a los líderes de la protesta pero no asistieron, lo que hizo imposible un diálogo concertado.

“El despacho está dispuesto a dialogar con los representantes además de escuchar su demandas. Se convocó a una reunion el pasado primero de octubre para tratar nos temas expuestos, pero esa citación no fue atendida por los líderes sindicales”, indicó.

Advirtió que son muchas las herramientas y mejoras planteadas en la reforma a la Fiscalía, las mismas que ahora no son tenidas en cuenta.

“La reforma de la entidad liderada por el Fiscal General de la Nación, representó un incremento salarial para más de 10.500 servidores de la Entidad, simplemente como resultado de la aplicación de las equivalencias contenidas en el Decreto Ley 17 de 2014”, explicó el ente acusador.

Y agregó que “los empleos del nivel técnico pasaron de tener un peso porcentual dentro de la totalidad de la planta de personal, del 47.5% al 59.5%, y los del nivel profesional pasaron del 23.1% al 31.2%, mientras que los niveles directivo y asesor sólo representan un 1.1%”.

Por su lado el vocero de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, aseguró que la organización convocó las asambleas de trabajadores de la Rama Judicial de todo el país, con el fin de fijar los lineamientos del cese de actividades que iniciará hoy miércoles.

La protesta de los trabajadores se debe a la falta de acuerdo con el Gobierno en cuanto a los planes de descongestión judicial. Según el líder sindical, el Ejecutivo ha manifestado que los $150.000 millones que se requieren para financiar los programas hasta el 31 de diciembre de este año aún están en proceso de consecución, y que los compromisos para mantenerlos permanentemente no se van a cumplir.

Otálvaro aseguró que el Gobierno solo financiará los programas de descongestión hasta finales de este año, lo que, además de dejar cesantes a unos 8.200 funcionarios, provocará la inaplicabilidad del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó el anuncio de iniciar un paro por la falta de asignación de recursos para continuar con las medidas de descongestión.

A su juicio, el paro es una medida extrema que solo traerá consecuencias negativas para el acceso y la confianza de los ciudadanos en la justicia.

“Si bien estos recursos son una necesidad para no afectar la continuidad del servicio en el corto plazo, es necesario poner fin a los recurrentes planes de descongestión que solo han servido para aplazar la solución definitiva del problema y para afectar la eficiencia y calidad de la justicia”, agregó.

La CEJ le hizo un llamado a la Rama Judicial con el fin de que, cuanto antes, realice los estudios sobre las necesidades presupuestales para el adecuado funcionamiento del sistema, y al Gobierno, para que garantice su oportuna asignación.