Las exigencias de las partes para sentarse a negociar complicó hoy el diálogo en Colombia entre el Gobierno y los campesinos que adelantan el paro agrario.

 

Tras reunirse el fin de semana con dirigentes campesinos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a periodistas que se acordó "avanzar en un desbloqueo humanitario de la vía" Panamericana, la más afectada por los cortes de ruta que sostienen desde hace nueve días los manifestantes, que permita iniciar las negociaciones.

 

Sin embargo, esa condición aún no se cumple y, según Cristo, "ha sido imposible el diálogo y hay una actitud radical" entre los integrantes de la Cumbre Agraria, el conglomerado de movimientos campesinos, indígenas y de afrodescendientes que convocó la protesta.

 

"La invitación (...) es que nos sentemos a dialogar", dijo el ministro. "Tenemos que pensar todos en evitar situaciones de confrontación que deriven en hechos lamentables", añadió.

 

Desde que comenzó la protesta el 30 de mayo, se han producido numerosos bloqueos de rutas en varios puntos del país, que en muchos casos derivaron en refriegas con la Fuerza Pública, con un saldo de tres muertos y decenas de heridos y detenidos.

 

Omar Fernández, vocero de la Cumbre Agraria, corroboró que, por ahora, no fluye el diálogo. "Ni el Gobierno quiere empezar si no habilitamos el levantamiento temporal de algunos bloqueos, ni nosotros queremos empezar si se mantiene la represión", dijo.

 

Solicitud a la CIDH 

 

Para la Cumbre Agraria, que cuenta 200 heridos y 170 detenciones por la acción de la fuerza pública para levantar los bloqueos, los manifestantes no gozan de las garantías para protestar, por lo que solicitó el lunes medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

"Ha habido señalamientos por parte del ministro de Defensa que hablan de que la protesta está infiltrada por guerrilleros y esto lo que justifica es la violencia contra los manifestantes, por lo que necesitamos garantías de que las personas van a poder manifestarse", explicó a la AFP Zoraida Hernández, de la comisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria.

 

Por su parte, el mindefensa Luis Carlos Villegas tildó nuevamente hoy a la protesta campesina de "agresiva" y "violenta", al dar un balance que difiere del de los manifestantes y que da cuenta de 54 miembros de la fuerza pública lesionados, ocho civiles heridos, tres fallecidos, 145 detenciones y 34 vehículos dañados.

 

El ministro informó que tres vías del país permanecen bloqueadas, en Cauca, Meta y Casanare, y denunció afectaciones a la población civil en Cauca y en Nariño, donde hay problemas de suministro a los hospitales, dificultades con el combustible y escasez de víveres. 

 

Ante este panorama, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el Gobierno sigue abierto al diálogo, pero "tiene la obligación" de atender a los derechos de todos los colombianos. "No nos va a temblar la mano para hacerlos respetar", afirmó.

 

Se suman los camioneros 

 

Los campesinos reclaman contra el aumento de las importaciones de alimentos, que atribuyen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. También alegan altos índices de pobreza rural, amenazas de grupos armados irregulares y falta de tierras propias para cultivar.

 

Además, aseguran que el gobierno ha incumplido acuerdos agrícolas alcanzados tras dos paros de fuerte impacto en 2013 y 2014.

 

Hoy, a la protesta campesina se sumó un paro de camioneros, que piden mejores fletes, la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores y seguridad en las vías, entre otros planteos.

 

Los transportadores, que también cuestionan el incumplimiento de pactos por parte del gobierno, tienen previsto una reunión este martes con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien se ha mostrado dispuesto a escuchar sus reclamos.

 

Sin embargo, Villegas ya les advirtió que si su manifestación "termina afectando la movilidad de los colombianos, allí estará la fuerza pública con toda la contundencia". /AFP