Aunque es poco probable que el país no elija parlamentarios andinos en las elecciones de marzo venidero, a pesar de que varios partidos han descartado participar y el Gobierno comparte la idea de que sea abolido este organismo; en la eventualidad de que no haya representantes nacionales en julio próximo cuando finalizan su periodo los actuales, Colombia estaría violando el Acuerdo de Cartagena.
El acuerdo por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración de los países andinos fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá por parte de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El Acuerdo de Cartagena señala en su artículo 42 que el “Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo, según procedimiento que se adoptará mediante Protocolo Adicional que incluirá los adecuados criterios de representación nacional”.
La Cumbre de Cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) reunida en Lima el pasado 19 de septiembre emitió una declaración sobre la decisión que sea suprimido el Parlamento Andino para consolidar, según la propuesta, el Parlamento de Unasur, del cual también estos países hacen parte.
Sin embargo, lo señalado al respecto en la Cumbre de Cancilleres no pasa por el momento de ser una propuesta a la espera de un informe que sobre el particular emita una subcomisión integrada por los vicecancilleres y la secretaría técnica de la CAN.
Mientras tanto, el Parlamento Andino, con sede en Bogotá, seguirá funcionando con normalidad.
En ese sentido se plantea para Colombia una disyuntiva porque al tiempo que debe elegir a sus nuevos cinco parlamentarios andinos en los comicios legislativos del próximo 9 de marzo para un periodo de cuatro años, pues los actuales representantes del país finalizan su periodo el próximo mes de julio, varios de los principales partidos de la Unidad Nacional e incluso el uribista Centro Democrático han anunciado que no presentarán aspirantes, sintonizados con la idea de entregar una partida de defunción a este organismo considerado por algunos como poco útil y muy costoso.
En ese sentido el Partido de La U, el Partido Liberal y el Movimiento Centro Democrático han tomado la decisión de no presentar candidatos este 9 de marzo.
"En el caso de la U, yo como director único, es no inscribir listas al Parlamento Andino, y ojalá el resto de los partidos tomen la misma decisión y debemos también llegar a un acuerdo para eliminar la ley que implementó la elección directa al Parlamento Andino", señaló Sergio Díaz-Granados, director de La U; en tanto que el jefe del partido Liberal, Simón Gaviria, dijo que "el Parlamento Andino es una entidad que está perdiendo relevancia para ser muy francos y vemos poca lógica en presentar listas a una entidad que va a acabarse rápidamente".
Por su parte, otras colectividades no han tomado una decisión definitiva hasta que haya una política oficial sobre el particular como son el Partido Conservador y el Polo Democrático, que siguen recibiendo la inscripción de aspirantes a recibir el aval de estas colectividades para presentarse a dicha elección.
Mientras que el presidente Santos ve con buenos ojos la eliminación del Parlamento Andino, como lo señaló hace pocos días desde Nueva York: "Con el Presidente del Perú comentamos las decisiones que tomaron recientemente en la Comunidad Andina de Naciones, previas a abolir el Parlamento Andino. Consideramos que ese Parlamento ya no tenía razón de seguir existiendo, era muy costoso y creo que esa fue una decisión importante".
Puja de proyectos
El Gobierno nacional radicó el martes anterior en Cámara un proyecto, al que le dio mensaje de urgencia, para derogar la Ley 1157 de 2007, por la cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política con relación a la elección directa de parlamentarios andinos, y que en su lugar se mantengan vigentes los parámetros fijados por la Ley 312 de 1996, es decir que congresistas activos cumplan con ese cargo de representación ante parlamentos internacionales.
Casi dos meses antes de que el Gobierno radicara dicho proyecto en Cámara, el senador uribista Juan Carlos Vélez había presentado un proyecto en el mismo sentido en el Senado. “Yo no entiendo cómo el Gobierno en vez de enviar el mensaje de urgencia al proyecto que presenté, radica uno prácticamente igual simplemente por llevarse su punto y seguramente porque el mío como era de autoría de un senador uribista, entonces no cabía la posibilidad por su sectarismo de respaldarlo”, dijo el senador Vélez.
El hecho es que ninguno de estos proyectos ha recibido primer debate en las respectivas comisiones primeras de Senado y Cámara y ya no es posible acumularlos porque la iniciativa de Vélez cuenta con ponencia.
Para mañana la Comisión Primera del Senado citó a la canciller María Ángela Holguín para que explique el proyecto del Gobierno.
En consecuencia se configura un panorama muy confuso en esta elección, pues a pesar del mensaje de urgencia del Gobierno para que su proyecto se apruebe lo más rápido posible, las inscripciones de candidatos para Congreso y Parlamento Andino arrancaron el pasado sábado hasta el 9 de diciembre, por lo que seguramente para cuando el proyecto se convierta en ley, habrá varios candidatos inscritos para la elección directa de marzo, quienes podrían demandar si no se les permite presentarse en marzo a una elección directa.