El Parlamento griego examina un proyecto de ley controvertido de reforma tributaria y de la función pública, crucial para desbloquear el próximo tramo del rescate internacional a Grecia, que genera fuertes tensiones sociales.

El proyecto de ley tiene un centenar de artículos y está centrado en el redespliegue de miles de funcionarios. Este texto es crucial para el futuro del respaldo financiero a Grecia y lo exigen los acreedores internacionales del país para desbloquear el próximo tramo de 6.800 millones de euros del rescate.

El proyecto de ley afecta de momento a los agentes de la policía municipal, los maestros y los celadores de escuelas, que trendrán que trabajar ocho meses con un sueldo reducido para luego aceptar una nueva protesta o dejar la función pública si rehúsan un traslado.

El proyecto de ley incluso también un nuevo código tributario que simplifica el "mosaico de arreglos" de un código fiscal de 60 años de antigüedad que prevalecía antes, indicó el secretario de Estado para las Finanzas, Giorgos Mavraganis.

En este contexto el primer ministro Antonis Samaras anunció el miércoles una rebaja inmediata (el 1 de agosto) a 13% del IVA para la restauración, contra 23%. Esta medida la esperaba el sector para sostener la actividad en un país en donde el turismo genera una importante actividad.

La medida, negociada con los acreedores internacionales, es provisoria y está a prueba, advirtió. "Si la evasión fiscal continúa y no pasa nada (con los precios en los restaurantes, NDLR), el IVA volverá a 23%", advirtió.

El miércoles, la prensa griega se refería esencialmente al plan que afecta a los funcionarios. El periódico Ta Nea estimó que el estudio del texto comenzó el martes con una "atmósfera de guerra".

Según la policía unas 4.000 personas manifestaron el miércoles delante del Parlamento para protestar contra el texto. El martes más de 15.000 personas hicieron lo mismo.