El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves una controvertida propuesta de ley que limita el principio de jurisdicción universal de la justicia española, en contra de la opinión mayoritaria de la oposición.

El texto fue aprobado con 180 votos a favor de diputados del gobernante Partido Popular (PP, derecha) y 137 en contra, de los 317 diputados presentes.

"Con la actual regulación se instruye lo que no se puede juzgar, ahora se instruirá todo lo que se pueda juzgar", afirmó el portavoz de justicia del PP, José Miguel Castillo al defender la propuesta, que se ha debatido en el Congreso por vía de urgencia.

La proposición de ley aprobada restringe las personas habilitadas para presentar querellas, así como las condiciones necesarias para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en casos de genocidio o delitos de lesa humanidad.

"La agenda económica prevalece sobre los derechos humanos, que sólo son vistos por el gobierno como fuente innecesaria de problemas", afirmó el diputado socialista Julio Villarrubia, en referencia a las tensiones que una de las investigaciones de la justicia por crímenes de lesa humanidad ha provocado con China.

La propuesta llegó al parlamento poco después de que el 10 de febrero un juez español emitiera una orden de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en el marco de una investigación a varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet, muy criticada por Pekín.

El nuevo texto estipula que en el caso de delitos de "genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", los tribunales españoles podrán actuar siempre que el procedimiento se dirija "contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España".

El texto legislativo precisa aún más en el caso de "torturas", puesto que condiciona la acción de la justicia a que "el procedimiento se dirija contra un español" o "la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español".