14 de los 32 actuales gobernadores del país afrontan investigaciones preliminares por diferentes delitos.

Así lo establece un informe de la Fiscalía General de la Nación, en el que se reseña que dos de los funcionarios regionales están en la mira por parapolítica.

De la misma manera, se indica que todos los procesos en contra de los mandatarios departamentales se encuentran en etapa de indagación.

De acuerdo con el informe, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, es investigado preliminarmente como presunto responsable de los delitos de irregularidades en contratos, relacionados con educación y prestaciones a docentes en Yondó y otra por la denuncia de injuria y calumnia que le interpuso Luis Alfredo Ramos.

De la misma manera, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, es investigado por la indebida utilización de información privilegiada, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como calumnia.

A Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar, se le indaga por celebración indebida de contratos con unas iglesias; mientras que a Juan Carlos Becerra, gobernador de Boyacá por violación del ordenamiento jurídico en la designación de los cuatro alcaldes.

Al mandatario de Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, se le indaga por dos casos. El primero, por lesiones personales, y el segundo por prevaricato por acción.

Nelson Ricardo Mariño, gobernador del Casanare, tiene seis investigaciones preliminares por celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Yopal. También por enriquecimiento ilícito, corrupción en la administración pública y contra la libertad, integridad y formaciones sexuales.

Los Gobernadores de César, Luis Alberto Gnecco y de Chocó Luis Gilberto Murillo son investigados por el desacato de tutelas.

De otra parte Alejandro José Lyons, gobernador de Córdoba, es investigado porque supuestamente financió una campaña política con dineros destinados a los docentes y el gobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en documento público.

Luis Miguel Cotes, gobernador del Magdalena, es investigado por el escándalo de la parapolítica en relación con los distritos electorales de alias Jorge 40.

Segundo Raúl Delgado, gobernador de Nariño, es indagado por la supuesta venta irregular de acciones de la sociedad terminal de transporte de Pasto, mientras que julio Cesar Guerra Tulena, gobernador de Sucre, tienen tres investigaciones preliminares, relacionadas con la contratación.

Por último, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, es indagado por celebración indebida de contratos con una firma fantasma para la presunta sobrefacturación en la compra de unas motos.

De otra parte es investigado por el delito de prevaricato por acción y peculado, por el supuesto desvío de recursos de inversión social para mejoras del palacio departamental y porque se habría reunido con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco para apoyar su candidatura a la Gobernación en el año 2005.