Iniciaron un diálogo, tras ocho días de protestas que dejan al menos dos muertos, y un centenar de heridos, el gobierno panameño e indígenas.

Las protestas se dieron en rechazo a la minería y las hidroeléctricas en sus territorios.

Las conversaciones se llevaban a cabo bajo mediación de la Iglesia Católica en un instituto de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí (oeste), donde ocurrieron las manifestaciones más virulentas, según las partes.

En las discusiones participan los ministros Jimmy Papadimitriu (de la Presidencia) y Jorge Fábrega (de Gobierno), y por los indígenas la cacique Silvia Carrera y Rogelio Montezuma, dirigente de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé.

Las pláticas "se desarrollan bajo un buen clima para lograr un acuerdo que culmine con las movilizaciones de protesta (...) confiamos en llegar a un feliz entendimiento", dijo Papadimitriu en un comunicado, tras unas seis horas de pláticas.

Por su lado, Carrera destacó en su cuenta de Twitter que el diálogo "ha sido muy positivo y esperamos que se nos den garantías de todo lo que acordamos".

"Lo importante es que se depongan las actitudes de cierres de calles y manifestaciones. Los ánimos están más calmados y esperamos en las próximas horas volver a la normalidad", expresó por su lado a la AFP el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira.

El obispo de Chiriquí, Jose Luis Lacunza, actúa como mediador del diálogo, al que también asisten varios diputados, entre ellos el actual presidente del Parlamento Latinoamericano, el panameño Elías Castillo.

"Lo que queremos es que ya podamos encontrar esa paz social que todos merecemos y necesitamos" en un "proceso que nos permita entendernos entre culturas y realidades", afirmó a RPC Radio el jesuita Adonaí Cortés, del equipo de la Iglesia.

La etnia Ngöbe Buglé inició el 30 de enero las protestas, con bloqueos de carreteras estratégicas del país, para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.

El gobierno dice estar de acuerdo con prohibir la minería en las comarcas indígenas, pero no los proyectos hidroeléctricos porque -dice- implicaría un sobrecosto anual de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética.

El domingo, policías antimotines desalojaron a la fuerza los bloqueos en las vías y se produjeron fuertes enfrentamientos, en los que murió un indígena y más de medio centenar resultaron heridos y detenidos.

Este martes, en el marco de las protestas, un joven, de 16 años, murió en hechos no esclarecidos en Chiriquí. El presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, Betanio Chiquitama, dijo a AFP que los indígenas muertos en estos días serían tres, aunque las autoridades solo reconocen dos.

Tras el violento desalojo siguieron los choques y este martes había marchas pacíficas en la capital. Tres cuarteles policiales, varios vehículos e instalaciones han sido quemados.

Entre las vías bloquead estaba la interamericana -que comunica a Panamá y Costa Rica-, lo cual dejó a cientos de personas varadas durante varios días y se produjo desabastecimiento en distintas zonas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, urgió al gobierno de Panamá a garantizar la seguridad de los indígenas y le señaló su "obligación de esclarecer" los hechos de violencia.

Desde Ginebra, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortó a su vez al gobierno a "garantizar la seguridad" de los manifestantes.

Según Anaya, que visitará Panamá este año, grandes proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales se han convertido en una fuente de "abuso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo".

AFP