Sorpresa y estupor causó en los funcionarios del complejo judicial de Paloquemao así como en la ciudadanía que acude allí a realizar trámites un operativo que conjuntamente realizó la Fiscalía y la Dijin y que tenía como fin capturar a jueces y funcionarios que allí laboraban.

Dos jueces de la República, un secretario de juzgado, siete empleados de la rama judicial y un estudiante de derecho fueron capturados en una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por hacer parte de una banda dedicada a influir en las asignaciones de los procesos penales hacia varios juzgados con el fin de favorecer a los imputados.

La organización operaba en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, el mayor complejo de jueces del país, donde empleados de la rama se ponían de acuerdo con particulares y abogados defensores para que ciertos proceso llegaran determinados jueces.

Por influir en el reparto de las audiencias, los vinculados con la red pagaban sumas millonarias en cada diligencia judicial. Así, los jueces asignados otorgaban libertades indebidamente, ordenaban preclusiones sin cumplir los requisitos legales, sustituciones de medidas de aseguramiento sin justificación jurídica y negativas de emitir órdenes de captura sin que el beneficiario tuviese derecho a ellas cuando realmente ameritaba una detención intramural, entre otras determinaciones ilegales.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, explicó que “los hechos que investigó la Fiscalía con la muy eficaz ayuda de la Policía Nacional consisten en que a través del Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao se estarían direccionando ciertos procesos hacia determinados jueces de control de garantías con la presunta finalidad que estos se produjeran decisiones manifiestamente contrarias a la ley.

“También se investiga sobre la posible entrega de millonarias sumas de dinero a estos funcionarios. Esta primera fase abarca a estos once funcionarios judiciales; pero la Fiscalía adelanta acciones simultáneas para determinar si existe o no vinculación de abogados de algunos sujetos procesales. Es un hecho muy grave de corrupción muy específico en la rama judicial”.

En la operación, las autoridades emplearon mecanismos como interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, inspecciones, agentes encubiertos, seguimientos y otras acciones.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, dijo que para la entidad que dirige es satisfactorio haber efectuado este trabajo conjunto con la Fiscalía. “Se pusieron al servicio de este proceso investigativo sistemas especiales de recolección de evidencias que han concluido con estas órdenes de captura. La Policía ha hecho este acompañamiento al proceso investigativo”.

Estas personas fueron puestas a disposición de un juez de control de garantías, pues habrían cometido los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias.

La investigación se realizó durante un año en el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación trabajaron mancomunadamente para acabar con este foco de corrupción en la rama judicial.

El Fiscal Montealegre dijo que continuarán la indagación para determinar cuáles fueron las decisiones que se produjeron en este caso para favorecer a ciertos sujetos procesales, “precisaremos la actividad de las partes en esos casos y de dónde surgió el dinero para los pagos”.