Lunes, 20 de Abril de 2015
El Ministerio Público realizó algunas observaciones al Gobierno Nacional frente a la necesidad de trazar fechas límite al proceso con las Farc, sobre el “desescalamiento” del conflicto y la obligación de aprender las lecciones y nunca más “amarrar” a las Fuerzas Militares en la lucha contra esta guerrilla.
“Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir”, asegura la Procuraduría sobre los últimos hechos presentados, haciendo alusión a la muerte de los 11 militares en el Cauca.
Estas son las cinco observaciones que hace el Jefe del Ministerio Público:
Dentro de las 45 preguntas que formuló la Procuraduría General de la Nación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, está la siguiente:
“43. ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la decisión de adelantar conversaciones indefinidas con las FARC para firmar un Acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite?”
La Procuraduría reconoce como una medida de corrección que el presidente dijera que “hay que ponerle plazos a este proceso”. Pero se necesita fijar con precisión una fecha límite para que se llegue a un acuerdo con las FARC.
Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las FARC alargar más las conversaciones.
2. El Gobierno Nacional debe reconocer que el “desescalamiento” fracasó.
Lo que se requiere es acabar la violencia, no legitimar la reducción de su empleo por parte de los criminales. El “desescalamiento” parte de la base de que las FARC hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado valida, cuando no existe legitimidad alguna para que la ejerzan.
La decisión de condicionar y restringir el uso de las Fuerzas Militares y de Policía contra las FARC como producto de las negociaciones en La Habana demostró ser un modelo equivocado que no debe repetirse.
3. El Gobierno debe aprender la lección. No se puede amarrar nunca, nunca más a las Fuerzas Militares y de Policía suspendiendo los bombardeos.
Mientras se mantenga el conflicto, las FARC utilizarán decisiones de ese tipo con el fin fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas.
El Estado debe utilizar todos los recursos militares, policiales y de justicia para enfrentar a las FARC. No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni concesión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo.
El proceso de paz no puede ser excusa para debilitar la acción militar y policial contra las FARC.
La suspensión de bombardeos fue un muy grave error, así debe reconocerlo el Gobierno. Esa decisión del presidente de la República y su equipo negociador permitió que campamentos de las FARC se convirtieran en santuarios de protección de los guerrilleros desde donde se planearon atentados terroristas, como la masacre de los soldados en el departamento del Cauca.
La Procuraduría recuerda que advirtió públicamente al presidente Santos, en su momento, sobre las nefastas consecuencias de esa decisión.
4. Se debe reconocer el engaño que las FARC hicieron al señor presidente de la República y a sus negociadores en La Habana.
Los indujeron a detener las operaciones de bombardeo mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados.
Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir.
Nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos.
5. La Procuraduría hace un llamado a la concordia nacional para lograr la paz, por encima de las divisiones políticas. Se necesita un Pacto para la Paz.
Debe haber unidad para dar apoyo total a los soldados y policías. Ni un solo soldado o policía más asesinado.
Unidad para repudiar a las FARC y sus crímenes.
Unidad para que dicho acuerdo respete el marco de justicia transicional señalado por las sentencias de la Corte Constitucional: penas de cárcel para crímenes atroces, derechos de las víctimas y no participación política de responsables de crímenes atroces.
Y unidad para que se concrete un Pacto para la Paz que permita que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir. Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas con los dineros ilícitos conseguidos por las FARC producto de su ininterrumpida actividad criminal.
La Procuraduría considera que estas correcciones son indispensables para salvar el proceso de paz de La Habana. Se necesita aprender de los errores cometidos, reconocerlos y tomar medidas inmediatamente que conduzcan a que el proceso lleve efectivamente al fin de la violencia y la disolución de las FARC como aparato armado y criminal.