En medio de la crisis por la demostración de fuerza que exhibieron Los Urabeños, una de las bandas criminales (Bacrim) herederas del paramilitarismo y el narcotráfico que operan en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió el viernes en Santa Marta con el anuncio de que, junto con la Fiscalía, presentará en marzo un proyecto de ley al Congreso para modificar el Código de Procedimiento Penal.

“Vamos a presentar ante el Congreso de la República, en marzo, una serie de modificaciones al Procedimiento Penal para darle más ‘dientes’ a las autoridades en la lucha contra la criminalidad”, aseguró Santos.

“A veces pareciera que tuviéramos como una legislación para arcángeles, cuando aquí ha habido una bandas criminales y una gran criminalidad que hay que combatir con mucho más celeridad”, agregó el gobernante.

Una más

Las palabras del presidente Santos tienen lógica. Sin embargo, cuando se ponen junto a la tendencia a reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal pierden su brillo.

Más de 45 proyectos de reforma en materia penal fueron presentados en la pasada legislatura; algunos de ellos resultaron aprobados y un número importante siguieron su trámite en la legislatura que ahora está en receso hasta marzo.

Son muchas las voces en el Congreso, como las de los senadores Jesús Ignacio García, del Partido Liberal, y Parmenio Cuéllar, del Polo Democrático, que han criticado la cascada de iniciativas de corte penal, que buscan básicamente el incremento de las penas o la creación de nuevos tipos penales. Los dos legisladores coinciden en que es necesario establecer una verdadera política criminal en Colombia, la cual debe ser atendida por cualquier iniciativa antes de ser radicada en el Congreso.

Precisamente García, haciendo referencia al Estatuto Anticorrupción que recientemente aprobó el Congreso, señaló que “lo que yo siempre he venido diciendo es que el Estado, frente a problemas como la corrupción y el crecimiento de los índices delictivos, reacciona cambiando el Derecho Penal, y ocurre que aumentan las penas, tipifican nuevas conductas y de todas maneras la delincuencia sigue aumentando, lo cual indica que hay que variar la acción y lo que se debe hacer es, como ya lo comenzó a plantear el Ministerio del Interior, realizar unos estudios de carácter criminológico para averiguar cuáles son las causas de todos estos comportamientos con el fin de atacarlas, y en el Derecho Penal se aplique una vez se haya agotado todas las instancias de control social formal, una vez se haya acudido a la educación, y en algunos casos a la inversión pública, para tratar de contrarrestar la criminalidad; ya una vez se hayan realizado todos esos esfuerzos, entonces sí acudir al Derecho Penal como el último recurso”.

Proyectos

En esta legislatura se hundió el proyecto número 241 de 2011 por el cual se regulaba la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet.

El proyecto, que muy seguramente será revivido porque hace parte de los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, establecía un régimen de responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet, los proveedores de contenido, y los usuarios serán responsables por el uso de los contenidos, de conformidad con las normas generales sobre responsabilidad civil, penal y administrativa.

También pasó a mejor vida el proyecto de ley número 206 de 2010 por medio del cual se convocaba a un referendo constitucional y se sometía a consideración del pueblo castigar con cadena perpetua a los asesinos, violadores y explotadores de niños.

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto 156 de 2010 por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 300 de 1996 – Ley General del Turismo y se dictan otras disposiciones (penaliza el narcoturismo). Esta iniciativa del senador Mauricio Aguilar, el Partido de Integración Nacional (PIN), que tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, en su artículo 19 señala que “para los efectos de la presente ley, se entiende por narcoturismo a la corriente turística en donde nacionales y extranjeros que visitan una zona específica del país, lo hacen con la intención de adquirir y consumir y/o distribuir drogas, estas personas serán llamadas narcoturistas”.

Aun está pendiente de ser debatida por la plenaria del Senado en segundo debate el proyecto de ley número 152 de 2010 Senado, que fue aprobado el pasado 8 de septiembre por la Comisión Quinta, iniciativa del senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, que establece una pena de uno a tres años de cárcel y una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos mensuales a quines exploten al oso de anteojos o ejercen contra él actos de crueldad mediante espectáculos públicos o exhibición.

Distracción

A propósito del debate sobre mayores castigos a los conductores borrachos, el catedrático Ricardo Posada, profesor asociado y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística de la Universidad de los Andes, le comentó a EL NUEVO SIGLO que “la ausencia de controles más eficaces en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el de la concesión de licencias de conducción, han llevado a dirigir toda la atención para la solución” de la accidentalidad vial “al derecho penal. El problema es que el derecho penal no soluciona problemas”.