“Estamos preparando un proyecto que queremos presentar en el mes de marzo para reestructurar la Defensoría del Pueblo, porque tenemos grandes problemas logísticos y salariales”, le anunció a este Diario el defensor Jorge Armando Otálora.
El alto funcionario explicó que, por una parte, “la ley dice que la Defensoría tendrá la misma remuneración que la Procuraduría” y “sin embargo, en la práctica no está ocurriendo así”.
Pero además, señaló que “tenemos un grave problema que se denunció en el Congreso de la República y es el de la Ley de Víctimas que creó unos cargos, unas responsabilidades. Para 2013, según la Ley, deberían vincularse a más de 1.000 defensores públicos que son quienes van a generar ese proceso de representación de las víctimas y van a ser ese canal en la Rama Judicial. Sin embargo, el Ministro de Hacienda no generó los presupuestos y por consecuencia no se podrá contratar a estas personas y eso generará problemas para la ley de víctimas”.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué balance tiene de sus primeros cuatro meses como Defensor?
JORGE ARMANDO OTÁLORA:Voy a cumplir exactamente cuatro meses porque me posesioné el 3 de septiembre.
Lógicamente hay unos temas de agenda nacional que vienen caminando y uno tiene que asumir el ritmo que llevan todos esos temas y generar los pronunciamientos, que es lo que se conoce como la magistratura moral, frente a todos esos temas, como es el hacinamiento carcelario, el tema de salud, el tema de Ley de Víctimas. En fin, todos esos temas que convocan la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo.
ENS: ¿Cómo va el tema del hacinamiento en las cárceles?
JAO:Las cárceles es un tema gravísimo, porque hay un hacinamiento de más del 50 por ciento a nivel nacional. Y eso de un momento a otro se disparó. Que era un tema que se venía supuestamente solucionando y lamentablemente se está nuevamente disparando.
Eso trae como consecuencia problemas que generan el hacinamiento como es el de la Salud, como es el tema del acceso a todos estos beneficios de trámite que trae el sistema carcelario, que no se puede tramitar. En fin: se genera toda esa congestión que hay que entrar a revisar desde un punto macro como política criminal, como la atención oportuna de la Rama Judicial frente a las peticiones de las personas que están allí.
En fin, la congestión genera un problema para todo el Estado en diferentes áreas.
ENS: ¿Qué propone para acabar el hacinamiento?
JAO:Pues ya se han llevado a cabo varias reuniones con la señora Ministra y ahí inicialmente hay un tema de política criminal, de revisar el sistema penal que funciona en nuestro país, revisar el tema de las medidas de aseguramiento, para qué delitos se requiere y para qué delitos no se requiere. Ese es un tema que hay que entrar a revisar.
El tema de la creación de nuevos tipos penales, que todo el mundo quiere que se cree un nuevo tipo penal para determinadas conductas, cuando ya el Código Penal tiene sancionadas dichas conductas. Ese es un tema que también hay que revisar por parte del Estado. Porque cada que se genera un tipo penal debería venir acompañado de un proceso de presupuesto que acompañará también el tema de fiscales, el tema de jueces, el tema de policías, el tema del Inpec y el tema de cupos carcelarios. Porque el punto no solamente es crear y crear tipos penales. Esto debe ir armonizado con la estructura del Estado.
Entonces todos esos temas se están revisando.
Aunado a eso, hay una preocupación del Gobierno Nacional con el cupo de cárceles.
Entonces se va a revisar la creación de nuevas cárceles. Mirar las que ya se han construido que no han podido entrar en funcionamiento en el 100 por ciento. Y ese tema hay que mirarlo desde varios frentes.
Proceso de paz
ENS: ¿Cuál es el llamado que usted le ha hecho a los defensores y personeros para el acompañamiento del proceso de paz?
JAO:En el proceso de paz nosotros tenemos que generar un acompañamiento. Pero yo he sido muy prudente y muy respetuoso. Y yo creo que el proceso de paz es un tema de tal importancia que la Constitución se la dejó exclusivamente al Presidente de la República.
Entonces yo creería que los funcionarios públicos lo único que debemos hacer es un proceso de acompañamiento y en lo posible abstenernos de dar opiniones buenas, malas o regulares, porque no somos los voceros autorizados para ese tema.
El tema de comentar, de criticar, de cuestionar el proceso de paz hay que dejárselo a los estudiosos del tema, a los académicos, a los columnistas, que son las personas indicadas para generar esos pronunciamientos. Pero los funcionarios públicos en general, nos debemos remitir a los voceros oficiales.
ENS: ¿El acompañamiento en qué se debe enfocar?
JAO:Sí, debe ser un acompañamiento permanente a las víctimas. Ser los voceros de ellos. Escuchar sus clamores y en el momento que sea oportuno transmitir las inquietudes al Gobierno Nacional o a la mesa de diálogo.
ENS: ¿Qué opina de que, según los mandos policiales y militares, la guerrilla va a iniciar una oleada terrorista tan pronto pase la tregua navideña?
JAO:Hay que recordar que el señor Presidente así lo manifestó: que el proceso de paz se iba a llevar a cabo en medio del enfrentamiento armado y esas reglas de juego las acordaron. Y yo me abstengo de generar alguna opinión.
Lo que yo sí puedo decir como Defensor del Pueblo es que cualquier situación de esa naturaleza tiene que respetar a los civiles, que no tienen que ser quienes siempre queden en medio del fuego entre la Fuerza Pública y estos otros grupos. Tienen que respetar el derecho humanitario. Ese es un llamado que permanentemente hacemos, porque los civiles no tienen por qué hacer parte de este conflicto.
Y ese es el llamado que siempre hacemos porque además es una normatividad de carácter internacional que Colombia se comprometió a respetar.
ENS: ¿Hay alguna alerta para alguna región?
JAO:Hemos presentado algunas alertas en temas de desplazamiento que se han presentado con ocasión de esos desplazamientos y eso es en el Cauca y en Nariño, que permanentemente hay enfrentamiento entre la Fuerza Pública y estos grupos ilegales. Y como consecuencia de eso, la población se tiene que desplazar de sus zonas.
Ese llamado lo hemos hecho y lo hemos comunicado a la Fuerza Pública, para que tomen las medidas.
Derechos Humanos
ENS: En términos de Derechos Humanos en Buenaventura, ¿cuál es la real situación?
JAO:Es tan grave el problema que el alto comisionado para las Naciones Unidas lo calificó como el Congo de Colombia. Es un tema que tiene un grave problema de presencia de grupos alzados en armas ilegales, un grave problema de necesidades de servicios públicos básicos.
Hay un grave problema de desplazamiento interurbano. Cuando nosotros fuimos había un desplazamiento de aproximadamente 4.500 personas internas dentro de Buenaventura de unos barrios a otros.
Entonces son problemas graves que generan la presencia de las Fuerzas Armadas, pero que también tienen que llevar la presencia del Estado por medio de un componente social, de salud, educación, en fin de todas esas necesidades básicas, porque la sola presencia de la Fuerza Pública no va a solucionar todos esos inconvenientes.
Y eso es lo que habíamos demandado del Gobierno departamental y lógicamente del nacional.
ENS: ¿Esa situación es por el enfrentamiento de las bandas criminales?
JAO:Lo que el Gobierno ha denominado las bandas criminales, la Defensoría del Pueblo les da la calificación de grupos armados ilegales que operan en toda esa región del Valle del Cauca, en Nariño, en el Meta, en el noroeste antioqueño.
Hay un mapa de orden público preocupante y así se lo hemos manifestado al señor Ministro de la Defensa y al Gobierno Nacional.
Fallo de La Haya
ENS: ¿Qué opina del fallo de La Haya?
JAO:Ese es un tema de carácter internacional y yo sí soy muy respetuoso del conducto regular. Cuando son temas de carácter internacional, cuando comprometen al Estado colombiano, el vocero solo es el Gobierno Nacional a través del Presidente de la República.
Como Defensor del Pueblo he hecho el llamado y el acompañamiento a los raizales de San Andrés y tengo planeada una visita, que acordamos con la gobernadora para que una vez el Gobierno Nacional plantee el programa con estos raizales, hacer ese proceso de acompañamiento desde la Defensoría, para que todos esos programas se cumplan con toda su totalidad. Sé que el Gobierno Nacional está muy interesado. Tanto así que el Secretario de la Presidencia está al frente de este programa de San Andrés.
ENS: ¿Cuál es el trabajo actual que hace la Defensoría en la Isla?
JAO:En la Isla… Pues ahí hay una presencia de la Defensoría. Ahí simplemente se están atendiendo todos los requerimientos en los diferentes temas de salud, de trabajo y como defensores somos ese canal con las instituciones del Estado para plantearles a ellos las necesidades.
Amenazas a defensores
ENS: ¿Qué amenazas hay a los defensores de Derechos Humanos?
JAO:Sí. Ahí hay un balance que se hizo de defensores de derechos humanos a nivel nacional, ahora con ocasión de la visita del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a que la situación se ha mejorado, persisten las amenazas de algunos dirigentes de derechos humanos y obviamente nosotros hemos hecho los pronunciamientos para que el Gobierno Nacional, por medio de la oficina de protección cumpla sus funciones garantizando a estas personas la protección.
Salud
ENS: ¿Cómo avanza esa vigilancia especial en la salud que usted anuncio al iniciar su gestión?
JAO:Efectivamente hemos venido haciendo ese proceso de acompañamiento.
La semana pasada el señor Ministro de Salud visitó la Defensoría con todo su equipo. Analizamos todos los problemas de salud a nivel nacional, los proyectos de ley que ya se encuentran tramitando en el congreso, el problema de la salud en las cárceles.
Se analizó el tema integral de salud y nos explicaron los programas que se tienen para el próximo año y los recursos nuevos que se consiguieron.
ENS: Se habló del incremento de las tutelas en el tema de la salud…
JAO:Sí. Ese es un tema al que la Defensoría del Pueblo ha hecho referencia, porque hoy más del 26 por ciento de las tutelas son del tema de la salud. Ese es un tema preocupante al día de hoy: más de 104.000 tutelas se presentaron por estos temas.
ENS: También alertó crisis sanitaria en las cárceles…
JAO:Se ha venido haciendo un monitoreo y se han hecho algunas visitas. Hay temas críticos como las cárceles de Bellavista, Pedregal, la cárcel guajira que tiene una sobrepoblación de casi el 400 por ciento. Y eso genera problemas graves a nivel de sanidad. Yo estoy liderando personalmente este proceso.
Fuero militar
ENS: ¿Qué reparos tiene usted al fuero militar?
JAO:Nosotros hicimos un pronunciamiento oficial frente al fuero. Esperamos ahora el tema de la Corte Constitucional para volver a reiterar nuestra posición.
Allí hay temas que consideramos que no eran de conveniencia. El tema del tribunal de garantías que trae la reforma. Esperemos que la Corte Constitucional asuma la revisión.
Transformar la Defensoría
ENS: Usted va a presentar un proyecto de ley para transformar la Defensoría…
JAO:Estamos preparando un proyecto que queremos presentar en el mes de marzo para reestructurar la Defensoría del Pueblo, porque tenemos grandes problemas logísticos y salariales, porque la ley dice que la Defensoría tendrá la misma remuneración que la Procuraduría. Sin embargo en la práctica no está ocurriendo así.
Tenemos un grave problema que se denunció en el Congreso de la República y es el de la Ley de Víctimas que creó unos cargos, unas responsabilidades. Para 2013, según la Ley, deberían vincularse a más de 1.000 defensores públicos que son quienes van a generar ese proceso de representación de las víctimas y van a ser ese canal en la Rama Judicial. Sin embargo, el Ministro de Hacienda no generó los presupuestos y por consecuencia no se podrá contratar a estas personas y eso generará problemas para la ley de víctimas.
Quemados por pólvora
ENS: ¿Le preocupa el índice de quemados por la pólvora?
JAO:Sí, mire. Le hicimos un llamado especial a la comandante de Infancia y Adolescencia, lo mismo que al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque este problema es de todos los años, este es un problema que exige una política pública por parte del Estado.
Yo siempre he señalado que el alto número de quemados ya se encuentra focalizado en algunas zonas del país. Ahí es donde se requiere un liderazgo de parte de las instituciones nacionales que se acerquen a los mandatarios locales, a los alcaldes y que generen un proceso. Ese compromiso en sus regiones es para que los niños quemados desaparezcan en el país. Para esto se requiere una política pública todo el año.