Como riesgoso consideró el ministro de Justicia, Yesid Reyes, que un tribunal de aforados tuviera la posibilidad de investigar y juzgar a los altos funcionarios.

Así les salió al paso a las críticas surgidas tras los anuncios hechos el martes por el presidente Juan Manuel Santos.

En su alocución, el jefe de Estado señaló que una de las medidas en que ha insistido el Gobierno nacional en la reforma de equilibrio de poderes que tramita el legislativo, es reemplazar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por un tribunal de aforados “con más dientes para hacer su tarea”.

En ese sentido, ese tribunal del que habla el Presidente, no solo investigará sino que “acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación”.

El senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Armando Benedetti, trinó que durante 7 meses “he defendido el verdadero tribunal de aforados. Hoy el Gobierno avanza, le pone dientes, pero esos dientes son de leche”, al explicar que “una Comisión que investiga y acusa es buena. Pero que 268 congresistas se pongan de acuerdo para levantar el fuero o para destituir” es “difícil”.

Benedetti señaló que un verdadero tribunal de aforados debería investigar, acusar y juzgar en primera y segunda instancia.

En cuanto a la capacidad de juzgamiento, Reyes explicó que “esas dos funciones deben estar perfectamente separadas. Uno debe ser el organismo encargado de hacer investigaciones y acusar, como ocurre con la Fiscalía General de la Nación; y un organismo independiente tiene que ser el encargado donde el juzgamiento como ocurre en la jurisdicción penal normal. No es conveniente juntar esos dos momentos, darle ese poder tan grande a un solo organismo”.

Expresó que “a mí me parece un riesgo crear un organismo con esos poderes juntos de investigación y juzgamiento y con la capacidad de juzgar libremente a magistrados de todas las cortes”.

Acuerdo en equilibrio de poderes

Uno de los puntos trascendentales de la reforma al equilibrio de poderes en los que se logró consenso tras la reunión entre el Gobierno y los congresistas ponentes fue el del tribunal de aforados que ahora se denominará comisión de aforados.

Según quedó plasmado en la ponencia que se radicó ayer, el juzgamiento de los aforados se hará desde el punto de vista político por el Congreso y desde el punto de vista penal por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal “partiendo de un principio fundamental y es que se juzgará la conducta de los magistrados y no se juzgarán sus providencias, es decir que no estamos creando una nueva instancia para las decisiones de las  altas cortes”, explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Esta comisión al recibir una denuncia contra aforados comenzará  la investigación que puede ser tanto por las causales de indignidad política o por una eventual responsabilidad penal  y al  terminar la investigación, si decide acusar, puede hacerlo  por indignidad política ante el Congreso o puede decidir acusar por responsabilidad penal ante la Corte Suprema o por las dos causas”, agregó.

Igualmente,  dijo que con el acuerdo que se logró con la Unidad Nacional y con Alianza Verde “se le da dientes a la comisión de aforados para que no haya funcionario público en Colombia que sienta que no está vigilado y controlado”.

Tras el llamado de Cristo para que el Polo Democrático y el Centro Democrático se sumen a la ponencia, el senador Alexander Maya expresó que “yo ya tengo una ponencia hecha, que recoge el pensamiento de Polo”, anotando que “esta reforma en nada equilibra la justicia, sino que continúa la politiquería y la corrupción”.

Por su parte, el senador uribista Jaime Amín manifestó que su colectividad la analizará, pero que lo más probable es que presenten otra ponencia.

Sobre la forma cómo se elegirá a los cinco magistrados de la comisión, el ministro Cristo explicó que la Dirección de la Magistratura de la Rama Judicial será la encargada de hacer los concursos de méritos exigiendo los mismos requisitos para escoger a los magistrados de Cortes y esta lista se enviará al Congreso para que ellos elijan.

Sin embargo, se incluirá un parágrafo transitorio para que la comisión “empiece a funcionar cuanto antes” por lo que “por una sola vez” el presidente de la República designará los cinco magistrados previa ratificación del Congreso en pleno, “es decir que el presidente no los designa autónomamente. Tendrá que ser avalado por el Congreso y el periodo de ese tribunal será solo de dos años”.

Precisamente, el senador Álvaro Uribe había manifestado que “esta propuesta del presidente Santos de que él va a nombrar a sus propios investigadores es un irrespeto a la separación de poderes del Estado de Derecho. Es un irrespeto a las normas jurídicas. Es un irrespeto a la opinión ciudadana y eso está encaminado a tener él, el control de sus propios investigadores y de los investigadores de los magistrados para ejercer presión y garantizarle impunidad al terrorismo”.

De otra parte, La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, manifestó que no hay ninguna razón para que los magistrados y el fiscal sean impunes por conveniencia política: “En adelante en Colombia, el magistrado y el fiscal podrán ser procesados penalmente por las conductas indignas”.

“Un aforado tendrá por aparte un juicio por indignidad política y un juicio penal, pero en ningún caso el Congreso intervendrá en juicio penal. Se acaba el antijuicio político”, precisó.

Los otros proyectos

Aterrizando lo que dijo el presidente Santos en su alocución, el ministro Reyes también explicó lo que se contempla en la reforma de equilibrio de poderes y lo que está por fuera, pero que también es de carácter legislativo.

En ese sentido, y de acuerdo con Reyes, son dos enfoques distintos: “Uno que se va a aprovechar ahora en esta reforma de equilibrio de poderes para introducir algunas reformas indispensables, que tienen que ver con la elección de magistrados; con el tribunal de aforados para facilitar la investigación, entre ellos magistrados de altas cortes; eliminación del Consejo Superior de la Judicatura para mejorar el sistema de administración de toda la rama; la eliminación de mecanismos como el de la puerta giratoria; y también mejorar las condiciones de ingreso, requisitos de ingreso a las altas Cortes”.

Agregó el titular de la cartera ministerial que “por fuera de esas modificaciones que se introducen ahora en la reforma de equilibrio de poderes, pues va a haber otras de carácter legislativo, que tienen  que ver con la posibilidad de darles facultades a las altas Cortes para que en sus reglamentos cuenten con la opción de suspender personas que tengan problemas o investigaciones en un momento dado”.

En ese sentido, “el Ministerio de Justicia va a presentar también un proyecto de ley que prohíba expresamente el cabildeo y también sea solicitado, instado, recomendado a la Corte Constitucional continuar trabajando en un procedimiento que permita garantizar la adecuada elección de las tutelas, en ese alto tribunal y agilizar también las sentencias, suele pasar con mucha frecuencia inconvenientes”.  

Meritocracia

Para el ministro Reyes, es importante resaltar que en lo que tiene que ver con la conformación de las altas Cortes, lo que va a primar es la meritocracia. “Eso supone dos cosas: respecto a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado llegar a esos casos a través de un concurso por oposición, que permita que lleguen personas especialmente capacitadas, probada su idoneidad”, explicó.

Expresó que “el concurso lo haría el órgano que va a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura y con base en las listas que se escojan, las propias cortes van a elegir a sus integrantes, pero en la Corte Constitucional el mecanismo es distinto. Se mantiene en el sentido que se presentan ternas como están hoy y elige el Congreso, solamente que para la aprobación de esas ternas tiene que haber un tremís de meritocracia, y para elaborar esas ternas a través de esa meritocracia debe haber un proceso absoluto de transparencia”.

Precisamente, el presidente Santos firmó ayer en la Casa de Nariño el decreto por el cual “se establece el trámite para la integración de las correspondientes ternas de candidatos de la Corte Constitucional por parte del presidente de la República”.

Durante la firma del Decreto, el jefe de Estado aclaró que la norma “no fue iniciativa o creación del Gobierno. Fue una iniciativa y creación de un grupo de organizaciones que están buscando cada vez más transparencia en las actuaciones del Estado, del Gobierno”.