Ante los últimos anuncios del Gobierno sobre un posible proceso de negociación con las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez hizo esta semana un pronunciamiento fijando su posición al respecto.

“En primera medida, debo señalar que la Paz es un término análogo, pues de él existen innumerables definiciones. Las hay románticas, utópicas y también realistas. Con todo, en uno u otro caso, la Paz tiene como común característica la finalidad o anhelo al que tiende la Sociedad de vivir en la tranquilidad según el orden. La Paz se confunde con el bien común, con el bienestar de los miembros de la comunidad. Es un concepto amplio, al que deben contribuir no solo la Sociedad Civil sino todos los estamentos oficiales de manera participativa como bien lo reconoce el preámbulo de nuestra Carta Política”, dijo.

Agregó que la administración pública, el Parlamento, la Rama Judicial y los órganos de Control estamos en el deber de asegurar la Paz de la nación. “Por eso es oportuno dejar en claro que el procurador general de la nación no se opone al logro de la Paz. Por el contrario, hace a diario ingentes esfuerzos para alcanzarla”, precisó.

Premisas

Ordóñez resumió en las siguientes conclusiones su visión sobre el proceso de paz que arranca:

a.        No me opongo a la Paz como finalidad de la Sociedad y deber del Estado;  tampoco al proceso de Paz como instrumento; pero de lo que sí estoy seguro es que este último debe tener unos presupuestos mínimos como los aquí expuestos a fin de no cometer los errores pasados y, por el contrario, generar una mayor frustración, de eso depende la legitimidad del mismo.

b.        El proceso de Paz debe hacerse de cara al país. Deben concurrir, en consecuencia, los diversos sectores de la Sociedad Civil y la Comunidad Política. Lo anterior para que el proceso de paz, además de su legalidad, adquiera legitimidad.

c.         La Paz no puede pagarse a cualquier precio. Para llegar a la terminación del conflicto deben respetarse los estándares internacionales para la correcta aplicación de los instrumentos de justicia transicional, tales como la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

d.        Se deben hacer especiales consideraciones sobre el narcotráfico para no repetir las desafortunadas experiencias y así lograr su definitivo desvertebramiento. Es decir,  que en el futuro no tengamos que luchar con una versión corregida y aumentada de otras Bacrim.

e.         Antes de sentarse a la mesa de negociaciones, el adelantamiento del proceso de Paz presupone una debida planeación, en donde se prevea cómo y de dónde se va a reparar a las víctimas, cuál es el tratamiento que se le va a dar a los Militares y fijar con absoluta claridad cuáles son los conceptos de verdad y reparación.

f.           Finalmente, debo decir con firmeza que el proceso de Paz debe terminar con el sometimiento de una guerrilla diezmada. Debe consistir en su desmovilización, reinserción y entrega de armas. Esos son sus límites, los cuales no se deben sobrepasar al campo de la discusión sobre la institucionalidad o sobre nuestro diseño constitucional y nuestro régimen social, político y económico. Ello no es negociable. Por ello, el proceso de Paz jamás podrá derivar en una nueva Constituyente. ¡Oh, grave error que advierto hoy: que so pretexto de un proceso de Paz se llegue a una reformulación del Estado!, teniendo como interlocutores a una guerrilla diezmada y dedicada al tráfico de drogas.