Al rechazo que hizo el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, sobre la petición que le hizo el procurador Alejandro Ordóñez a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en Colombia ante posibles hechos de impunidad en el proceso de paz con las Farc, se sumó ayer el fiscal Eduardo Montealegre.

Tras calificarlo de “imprudente”, el fiscal dijo que Ordóñez no puede descalificar la justicia colombiana.

“Como dicen en mi tierra, uno no puede ensillar antes de traer las bestias. Me parece que es inoportuna la posición del Procurador, una posición que respeto, pero el Procurador no puede partir de descalificar a la justicia colombiana”, expresó Montealegre.

El alto funcionario agregó que el procurador no puede decir que va a haber impunidad en el proceso sin que se haya elaborado y entrado en vigencia una nueva ley de justicia transicional.

“No podemos decir si nuestro estatuto de justicia transicional viola o no el Estatuto de Roma porque no se ha elaborado la Ley Estatutaria que le da desarrollo a la justicia transicional. Me parece que no es prudente la petición”, recalcó.

El fiscal recordó que la justicia internacional solo aplica cuando la del propio país no ha obtenido resultados.

“Me parece que implícitamente lo que está haciendo el procurador es una descalificación de la justicia colombiana porque los tribunales internacionales actúan cuando hay fallas estructurales en la justicia y lo que estamos haciendo es lo contrario, fortalecer la justicia colombiana, luchando contra la impunidad, por lo que me parece inconveniente”, enfatizó.

Montealegre concluyó diciendo que “es totalmente imprudente, que sin que exista la ley estatutaria se desarrolla el Marco para la Paz, anunciar posibles procesos de impunidad”.

El fiscal y el procurador se han enfrentado en diferentes momentos por la aplicación de la justicia a los cabecillas de las Farc que se puedan desmovilizar como consecuencia de un proceso de paz con el Gobierno.

Rechazo de la Corte

En el mismo sentido, el magistrado Bustos señaló que es acelerado hacer dicha solicitud.

“Resulta pronto hacer esa clase de solicitud. Se debería esperar a que termine el proceso e ideáramos, a través de una ley estatutaria, cuáles podrían ser los mecanismos para garantizar los derechos de  las víctimas”, afirmó Bustos.

El magistrado aclaró que “la justicia de la Corte Penal Internacional es supletoria. Es una justicia residual, subsidiaria solo se aplica cuando la justicia del Estado no obra y hasta el momento lo que ha demostrado es que sí ha obrado”.

El Togado agregó que el Marco Legal para la paz  no establece impunidad, “por el contrario se busca que haya verdad”.

 Visita a La Haya

El procurador Alejandro Ordóñez visitó el martes la sede de la CPI, en La Haya, manifestando a su primera vicepresidenta, la jueza Sanji Monageng, y a la fiscal jefe Fatou Bensouda sus preocupaciones frente a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad.

El Ministerio Público señaló que lo que se busca es que el proceso de paz “se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio”.

En el encuentro, la fiscal Bensouda reiteró al Procurador General de la Nación su mensaje de apoyo a las autoridades colombianas en los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto.

El fiscal Eduardo Montealegre dijo que es “apresurado” decir que la justicia colombiana no actuará en el proceso con las Farc.