* Otra drástica advertencia de Gaviria

* Gobierno, único responsable de crisis

No paran los campanazos alrededor del riesgo que corre el sistema de salud en Colombia por cuenta de las acciones y omisiones del Gobierno. El turno le correspondió ayer al expresidente César Gaviria, jefe único del partido Liberal, quien advirtió que el esquema de aseguramiento y atención médica enfrenta un peligro sin precedentes provocado por el propio Ejecutivo, al que acusó de ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente la prestación de ese servicio esencial. De hecho, el exmandatario responsabiliza a la Casa de Nariño de desequilibrar “sistemáticamente” las finanzas del sistema sin importarle las repercusiones para toda la población, generando “una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes”.

En misiva a la Procuradora General de la Nación, el expresidente solicita al Ministerio Público que intervenga urgentemente para que el Gobierno se ponga al día con los giros correspondientes a los “presupuestos máximos” a las EPS. Señaló que a veces acumula entre tres y cuatro meses sin entregar esos recursos, lo que representa casi un billón de pesos. Incluso, precisó que, a corte del 29 de febrero pasado, aún no saldaba la deuda por los ajustes de 2022 y 2023, que equivalen a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente. Ningún esquema, es claro, puede ser funcional y efectivo con semejante desfase económico.

Como se sabe, los “presupuestos máximos” son los recursos que debe transferir a las EPS la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para cubrir el costo de todos aquellos servicios y tecnologías que no están financiados con cargo a la Unidad por Capitación (UPC), que es el monto de dinero que el sistema reconoce a las aseguradoras por cada uno de los afiliados.

La cuestión es tan complicada que la propia Corte Constitucional acaba de emitir una trascendental sentencia al respecto ordenándole al Ministerio de Salud ponerse al día, en un plazo no mayor a 45 días, con esos giros. Y en otro fallo también conminó al Ejecutivo entregar los recursos que aún adeuda al sistema por concepto de la “Ley de Punto Final”, que entró en vigencia en la administración Duque como salvavidas financiero.

Para Gaviria estos retrasos en los giros presupuestales están desfinanciando críticamente al sistema, a lo que se suma el accidentado trámite del cuestionado proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso, incluso sin aval presupuestal, y que ahora el Presidente dice que va a implementar parcialmente por vía reglamentaria.

Cuesta entender por qué el Gobierno no hace caso a las alertas que desde todos los sectores se lanzan advirtiendo de un colapso inminente en el sistema de salud. La agremiación de las EPS, los voceros de las clínicas y hospitales, las asociaciones de pacientes, el Consejo Gremial, la mayoría de los exministros y ex viceministros de la última década así como los partidos políticos, la academia y otras instancias… Todos han aportado análisis sólidos y objetivos sobre el riesgo que los criterios y acciones del Ejecutivo están creando en un esquema de aseguramiento y atención médica que, pese a sus falencias (que deben ser corregidas obviamente), está considerado entre los mejores del planeta.

La Procuraduría, a su turno, ha emitido varias alertas no solo sobre los graves problemas que afronta el sistema de salud por la demora y cuellos de botella en el flujo de dineros al interior de la red aseguradora y prestacional, sino también por la escasez de medicamentos, el vencimiento de vacunas anticovid y otras ejecutorias del Ministerio de Salud.  

También ha dado campanazos la Contraloría General, a la que Gaviria criticó duramente ayer por sus conceptos sobre los problemas con las reservas técnicas de las EPS, cuyo incumplimiento, paradójicamente, se deriva de la misma iliquidez del sistema que, a su turno, es provocada por las demoras gubernamentales en los giros por ley de Punto Final, “presupuestos máximos” y la desactualización de la fórmula para fijar la UPC.

Visto todo lo anterior, queda claro que dadas todas las alertas y advertidos todos los escenarios, el Ejecutivo es el único responsable si llega a presentarse un colapso financiero y funcional en el sistema de salud. Han sido tantos los campanazos al respecto que ya hizo carrera la sospecha de que habría una intencionalidad manifiesta de ‘prefabricar’ o agravar la crisis en todo el esquema de aseguramiento y atención médica con el único fin de crear un escenario propicio para la controvertida reforma que lleva más de un año trabada en el Congreso, y cuyo eje central es la instauración de un esquema preponderantemente público, anacrónico, disfuncional y con elementos propensos a la politiquería y el desgreño presupuestal de los dineros con que se asegura la salud y vida de más de 50 millones de colombianos.