* Peligra autonomía de Universidad Nacional
* Evidente transgresión constitucional y legal
La Universidad Nacional figura como el mejor claustro de educación superior pública de nuestro país en todas las clasificaciones que periódicamente se realizan a nivel continental. Es reconocida no solo por la calidad académica y la acreditación del recurso docente, sino por la cantidad de grupos de investigación y el valor agregado de conocimiento que genera.
Lamentablemente, la universidad está hoy en el ojo del huracán por la forma atropellada, inconstitucional e ilegal con que el actual Gobierno intervino para forzar la designación de Leopoldo Múnera como rector, la semana pasada, desconociendo la primera designación del Consejo Superior Universitario (CSU), máxima instancia de decisión, que nombró a José Ismael Peña, en marzo.
El procedimiento fue tan autoritario que, incluso, el representante de los exrectores así como el de los docentes y del Consejo Académico se retiraron de la sesión extraordinaria del CSU convocada por el Gobierno para operar el traumático cambio de timonel de la institución.
Es claro que las polémicas maniobras a las que acudió la Casa de Nariño y el Ministerio de Educación para lograr su cuestionado propósito no solo son inéditas, sino una clara violación al artículo 69 de la Carta Política que garantiza la autonomía universitaria, sobre todo en cuanto a la prerrogativa de que estas instituciones pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. De igual manera, la nociva injerencia gubernamental afectó otras disposiciones constitucionales sobre libertad de cátedra y acceso a la educación de calidad, entre otras prerrogativas.
Lamentablemente, el Ejecutivo prestó oídos sordos a todas las advertencias al respecto y procedió a imponer sus criterios, forzando la elección de Múnera y acudiendo para ello a decisiones controvertidas de los ministros de Educación −tanto titular como ad hoc−, una de las cuales incluso ya fue desestimada por un juez, en tanto que las demás continúan bajo la lupa del Consejo de Estado.
Precisamente por ello es que diez exrectores de la Nacional, que abarcan no menos de tres décadas de manejo de la institución, enviaron el lunes una carta abierta al presidente de la República en donde anuncian que ninguno de ellos volverá a hacer parte del CSU hasta que el máximo tribunal del contencioso-administrativo se pronuncie de fondo sobre las designaciones de Peña y Múnera, dejando en claro que ellos reconocieron la legitimidad de la elección del primero.
En ese orden de ideas, consideran no solo que la escogencia del segundo es contraria a la institucionalidad, sino que la manera como se operaron algunos cambios de última hora en el CSU es “inocultablemente política, dejando de lado el enfoque académico que un cuerpo colegiado de estas características debe garantizar”. Y, por si fuera poco, los exrectores Diego López Arango, Osmar Correal Cabral, Eduardo Brieva Bustillo, Fernando Sánchez Torres, Marco Palacios Rozo, Ricardo Mosquera Mesa, Darío Valencia Restrepo, Moisés Wasserman Lernnner, Ignacio Mantilla Prada y Dolly Montoya, advirtieron que se transgredió el principio constitucional de autonomía universitaria, que permite que las universidades se consoliden “como faros intelectuales de nuestro país, alejadas de intereses no académicos y presiones políticas de cualquier índole”.
Son argumentos por demás sólidos, sobre todo tratándose de académicos de reconocida trayectoria. Pese a provenir, incluso, de orillas ideológicas distintas, a todos los identifica la urgencia de preservar la autonomía del principal claustro de educación superior pública del país y de todas las instituciones oficiales.
Para ellos y múltiples sectores es imperativo que la universidad no debe ser arrastrada al escenario de polarización política que quiere profundizar la Casa de Nariño, esto no solo llevaría a que la inestabilidad administrativa se profundice, aumenten las sospechas sobre malos manejos presupuestales y se deteriore la calidad académica, sino que da pie a que los grupúsculos violentos infiltrados sigan promoviendo el vandalismo y se extienda la interrupción de clases que hoy tiene en peligro el primer semestre de 2024. Lamentablemente, la reacción del presidente Petro ayer a la carta de los exrectores evidencia que tampoco hará caso a este campanazo.
Paradójicamente, esas mismas alertas se han lanzado en el marco del trámite del proyecto de ley estatutaria de la educación que está para último debate en la plenaria del Senado. Si bien es cierto que en la Comisión I de esa corporación legislativa se logró una concertación entre partidos oficialistas, independientes y de oposición que estaría blindando la autonomía universitaria, incluso descartando la preocupante propuesta del Pacto Histórico en el sentido de la “elección popular” de los rectores de estos claustros de educación superior públicos, el riesgo de que dicho acuerdo se desconozca es muy alto, tanto por las presiones sindicales de Fecode como de los sectores de la izquierda radical que buscan politizar e ideologizar la enseñanza en nuestro país.
Como se ve, la educación está en el centro del debate público. Eso es positivo. Sin embargo, deja de serlo cuando la prioridad no es corregir las falencias, sino profundizarlas.