No hay semana en que el rastreo de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia en áreas públicas y privadas no resulte clave para identificar a los delincuentes y agresores, ya sean intencionales o accidentales. 

La utilidad de esta red de cámaras no tiene discusión. El problema, por el contrario, es que la expansión y mantenimiento de las mismas se ha vuelto un problema en no pocos municipios, barrios y localidades. 

Los ‘cuellos de botella’ son tres en esencia. El primero, que no en pocas ocasiones, el costo, instalación y manejo de la red de cámaras está en manos de las juntas de acción comunal, las mismas que no tienen los recursos y personal permanente para cumplir esa labor las 24 horas al día.

No pocos alcaldes se han quejado de que cuando hicieron una revisión de cómo estaban funcionando estas redes de cámaras comunitarias, detectaron que una parte importante estaba fuera de servicio, sin mantenimiento preventivo, subutilizadas o, incluso, sin conexión alguna con las autoridades para dar aviso de delitos en flagrancia o actividades sospechosas. 

En segundo término, es evidente que ya muchos establecimientos de comercio, industria, entretenimiento y de otra índole cuentan con cámaras en su interior, lo que permite estar monitoreando las actividades cotidianas. Un problema muy recurrente aquí es que los delincuentes ya son conscientes de ello y, por lo mismo, cuando ingresan a esos lugares lo hacen cubiertos con cascos de motociclista, capuchas, gorras o dando la espalda a las cámaras para evitar ser identificados. A ello se suma, que la calidad tecnológica de las cámaras no termina siendo la mejor y ello limita las posibilidades de las autoridades para hacer un efectivo reconocimiento facial de los criminales o de los vehículos que utilizan en sus ilícitos.

En tercer término, es innegable que las redes de cámaras con mejor tecnología, cobertura y manejo permanente son las de las empresas, sobre todo aquellas que cuentan con vigilancia privada. El problema aquí es que es muy engorroso el proceso para que dichas imágenes sean compartidas con las autoridades. Se requieren procesos legales que le quitan dinamismo y celeridad a la labor investigativa tras las primeras horas de cometido un ilícito, que son determinantes para esclarecer lo sucedido.

En ese orden de ideas, es necesario que se analice desde el Gobierno nacional y la Fuerza Pública la posibilidad de crear un sistema de cámaras a nivel nacional, integrando las públicas, comunitarias e incluso privadas. No es un asunto fácil, pero es urgente avanzar de forma rápida, ordenada y estructurada en esa dirección.