Muy interesante resulta la decisión tomada por algunos colegios de la capital del país en torno a prohibir que los estudiantes puedan hacer uso de los teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros aparatos similares en las instituciones educativas, sobre todo en las aulas de clases.

Varios países de Europa y otras latitudes e incluso ciudades de Estados Unidos y algunas latinoamericanas ya han avanzado en esta dirección, aunque con niveles muy específicos según sus evaluaciones en cuanto a la afectación de la salud mental de los jóvenes, patrones de adicción, alteraciones en los esquemas de enseñanza y rendimiento académico, comportamientos asociales, y otros fenómenos asociados al excesivo uso o dependencia de este tipo de tecnologías.

La masificación de las herramientas de inteligencia judicial ha disparado la preocupación de los sistemas educativos y profesores sobre el impacto que esto tiene en los procesos de enseñanza desde los niveles más básicos hasta los de instrucción media y superior, más aún dada la creciente cantidad de usos y aplicaciones de las plataformas digitales.

De ahí, que hoy por hoy este sea el debate más importante a nivel mundial en el campo educativo. De hecho, distintas agencias de la ONU han impulsado escenarios multidisciplinarios de análisis y reformulación de las metodologías pedagógicas que permitan equilibrar el uso de estas nuevas tecnologías con la capacidad propositiva, de aprendizaje real del estudiante y, sobre todo, que la variedad de las aplicaciones digitales no terminen por generar patrones de conducta entre los estudiantes que van desde la pereza, el conformismo, la disminución de la capacidad investigativa y propositiva, hasta la propensión al plagio y el aislamiento social.

En Colombia la restricción y prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas y los colegios han generado no pocos debates y hasta conflictos entre las directivas de las instituciones con los padres de familia, docentes y estudiantes. Incluso se ha desembocado en la interposición de acciones de tutela y otros mecanismos judiciales.

Lamentablemente, el Ministerio de Educación, tanto en este como en anteriores gobiernos, no ha tenido la suficiente diligencia para generar una normatividad marco al respecto, dando lugar a que se apliquen medidas de manera particular, con la conflictividad ya mencionada.

El llamado, entonces, es a que se abra un debate de alto espectro y, con la participación de todos los actores del sistema educativo, se avance en una normatividad general y de índole nacional. Este es un tema que no da espera, sobre todo, como se dijo, con la masificación de las herramientas de inteligencia artificial regenerativa en los últimos dos años.