Por: Pablo Uribe Ruan
Especial para EL NUEVO SIGLO

ITABORAÍ  es una ciudad ubicada al occidente del estado de Río de Janeiro, Brasil,  cuya economía depende exclusivamente del petróleo, ya que ostenta la mayor refinería de Latinoamérica, Comperj. Cinco años atrás, esta refinería  sirvió de base para incrementar el número de barriles de crudo producidos por Brasil. Sin embargo, el año pasado, tras conocerse el escándalo de Petrobras, el nivel de producción cayó, como hojas en otoño, a los niveles más bajos de su historia.

Itaborí está moribunda, casi como el gobierno de Dilma Rousseff. Lo que un día llegó a ser el orgullo del gobierno de Lula, hoy se convirtió en un elefante blanco para el de Roussef.  Esta megaobra, como muchas otras, reveló una red de corrupción en el seno de Petrobras conformada por políticos, constructores y empresarios, la cual tiene en vilo al gobierno de Dilma con un 9% de favorabilidad en las encuestas.   

La "operación lavado de carros"

A comienzos de 2014, la investigación contra  Petrobas explotó en los medios de comunicación de Brasil luego de que el empresario Carlos Habib Chater, propietario de una de las empresas de gas a las afueras de Brasilia, fuera arrestado tras haber sido  acusado de dirigir un blanqueo de capitales.

Según el material probatorio, este fue el comienzo de lo que posteriormente se conoció como "Operacao Lava Jato" (operación  lavado de carros), dentro de la cual se  borraron miles de millones de dólares en inversiones realizadas en Petrobras, a partir de una red a la que pertenecían altos ejecutivos y políticos del país. Parte de las evidencias en contra de Chater vinieron de interceptaciones telefónicas de conversaciones suyas con Alberto Youssef, un traficante del mercado negro, que se ha convertido en pieza clave dentro de las investigaciones.

Días más tarde la policía arrestó a Paulo Roberto Costa, quien llegó a desempeñar un rol de alto rango en Petrobras, específicamente el de director de refinación y abastecimiento de la petrolera. Las sospechas que recaían sobre este sindicado se basaban en una compra de una refinería de petróleo en Pasadena, Texas, por la cual Petrobras pagó 1.2 mil millones de dólares a pesar de que ya había sido adquirida por una empresa belga, Astra, por $42.500.000 millones de dólares en 2005.

Luego de los arrestos de Youssef y Costa, quienes firmaron un acuerdo de colaboración con la Fiscalía lo que les permitió  sentencias reducidas, las investigaciones empezaron a recaer sobre diferentes actores de la sociedad brasilera, en particular, sobre los políticos.

Según sus declaraciones, Petrobras estaba cobrando una comisión de hasta  3 por ciento en proyectos de infraestructura, con un superávit de caja que iba destinado directamente al Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDN) y el Partido Progresista (PP).

A partir de entonces, es decir, desde comienzos de este año,  las acciones de Petrobras cayeron exponencialmente afectando los índices del mercado de valores y el valor del real frente a otras monedas.  Fue tal impacto sobre la moneda brasileña, que el real cayó a un mínimo de 12 años frente al dólar. Pero, ¿cómo no va ser así?. Si,  los políticos se feriaron la empresa estatal más importante del país. Y, además, no tuvieron en cuenta que la compañía y sus contratistas son responsables de al menos el 10% de la producción económica de Brasil.

El escándalo de Petrobras ha tenido implicaciones de orden económico, político y social. La empresa más grande del país perdió  la mitad de su valor de las acciones entre septiembre de 2014 y enero de 2015, tras conocerse que ésta actuó en connivencia con empresas de ingeniera civil. Este escándalo no sólo afectó los niveles de productividad de la gigante brasilera, sino que, a su vez, tuvo consecuencias negativas sobre sectores como la industria petroquímica y de construcción, por consiguiente, el ambiente de zozobra y de profunda molestia creció de manera vertiginosa en el pueblo brasileño.

El impacto sobre la economía brasileña, sin embargo, no permeó al principio a los políticos. Las investigaciones apuntaban a las empresas de infraestructura y las contratistas, que habían sido parte de la red de corrupción establecida en Petrobras.

En noviembre de 2013, las autoridades judiciales ordenaron la detención de los principales jefes de las empresas de infraestructura de Brasil, entre los que se encontraban Camargo Correa y Odebrecht -éste ejecutó varias obras en Colombia-  y otras siete personas más. Según la Fiscalía, la red funcionaba de la siguiente manera: las empresas asumían voluntariamente la sobrecarga de los contratos de Petrobas, siempre y cuando la empresa estatal les hiciera favores individuales y les pagara con sobornos.

Con los principales constructores de Brasil en la cárcel, las consecuencias negativas sobre los diferentes proyectos no dieron espera. Por ejemplo, la represa Belo Monte, en el Amazonas, uno de los mayores proyectos del gobierno Lula, hoy en día está, en parte,  quieta por las acusaciones sobre los constructores vinculados en la "operación lavado de carros". 

La  controversia llegó a tal  punto que algunos pusieron en tela de juicio la terminación de los escenarios para las Olimpiadas Río 2016, tras conocerse que varios de sus  constructores estaban vinculados a la red de corrupción de Petrobras. Por esa razón, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, tuvo que salir en marzo a dar un parte de tranquilidad y decir que a pesar de las investigaciones, los escenarios se van culminar en la fecha presupuestada.

PT, PMDB: políticos vinculados en el escándalo

La "operación lavado de autos" no sólo involucró a empresarios, sino que a su vez, se conoció que varios políticos brasileros, de  alta envergadura,  fueron parte de ella. A mediados de la semana pasada, el tesorero del PT fue acusado formalmente de corrupción. Y tras su acusación, empezaron a sonar nombres de políticos de un mayor rango, a tal punto que en las calles del país corría el rumor que la propia Dilma Roussef conocía  la existencia de la empresa criminal, puesto que antes de ser elegida como presidente (2010) desempeñó el cargo de Ministra de Minas, posición que le obligaba a presidir  la junta directiva de Petrobras,  foco del escándalo.

En las calles de Brasil retumba una sola palabra: juicio político. Para algunos, luego de tres meses de reelecto el gobierno del PT, la vía más idónea para acabar con el gobierno de Dilma es mediante un juicio político en el que se saquen "los trapitos al sol" de su administración. Sin embargo, según Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil (1995-2003), se tiene que encontrar una irregularidad en la gestión de Dilma para que se concrete la destitución. Así que por el momento, en términos legales, esa irregularidad no está probada y lo que existe son meras especulaciones.

Roussef ha salido a desvirtuar toda clase de habladuría a raíz de su gestión como Ministra y, posteriormente, como presidenta, como aquella vez, el 9 de marzo, cuando dijo: "tenemos que respetar las reglas de nuestra democracia" e insistió de manera enfática en que no existían motivos legales para un juicio político contra ella.  

Sin embargo, a finales de ese mismo mes, la Corte Suprema de Brasil (CSB) anunció que en el alto tribunal cursaba una investigación contra 49 políticos, en su mayoría pertenecientes al PT, dentro de la cual se incluyen nombres como el Renan Calheiros, presidente del Senado, y Eduado Cunha, presidente de la Cámara, quien pertenece al PMDB. 

Si bien, el PMDB ha sido uno de los principales opositores al gobierno de Dilma, se habla que dentro del partido existen múltiples facciones, que, dependiendo de los intereses de cada una de ellas, se alinean o no con el gobierno de turno. Todo indica que, en esa medida, el escándalo de corrupción incluye, no solo al PT, partido oficial de gobierno, sino a otros tantos partidos que hicieron parte de la empresa criminal.

Una red de corrupción que desencanta a cualquiera, en especial, a aquellos que han sido parte de un proyecto de izquierda democrática y que ven antes sus ojos el derrumbe paulatino del otrora glorioso Partido de los Trabajadores. Quizá Toquinho, el célebre cantautor de Bossa Nova que se opuso a la dictadura militar (1964-1985) con sus magníficos versos, tenga en su música la pócima mágica para afrontar, a modo de catarsis colectiva, el triste momento.

En la canción samba de orly, canta: "anda hermano pide perdón por la omisión algo forzada (dictadura)".Sí, perdón por la dictadura, por la degradación de la política en manos de quienes violaron, en ese entonces, toda ley, toda ética. Instaba hacer algo.

Porque oponerse, unirse y marchar es el camino, como ocurre en este momento con el pueblo brasileño, quien ha demostrado un alto grado de madurez democrática y  capacidad de movilización.   Lo curioso, desde el punto de vista histórico,  es que los que se motivaban con las letras de Toquinho en los años 70 sean aquellos -no todos- que hoy están en el ojo del huracán por el escándalo.

A propósito, ¿qué pensará el gran cantautor de todo este escándalo? Tal vez una palabra como saudade (una mezcla entre melancolía y nostalgia, en término generales) tan  cercana al sentimiento del brasileño de a pie, sirva para aproximarse a la sensación que le deja al cantautor todo este escándalo; saudade de una izquierda comprometida con el pueblo, no de aquella que se roba la mayor empresa del pueblo.

A lo largo de estos dos años las calles de todo Brasil se han visto copadas por una larga marea amarilla en oposición al gobierno del Dilma, como la del pasado 15 de marzo, cuando se dieron cita  más de 1 millón de personas. Quizá esta coyuntura, dentro de todo lo malo ha demostrado algo positivo: un pueblo que protesta en las calles sin temor.

Cabe recordar que Brasil fue uno de los países que vivió una de las dictaduras militares más larga del Siglo XX, en el cono sur: 21 años. Éste régimen, como muchos otros, atentó contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y acabó la protesta social en el país, salvo uno que otro reducto que luchó por ejercer sus derecho a la movilización y, como la historia lo relata, terminó sufriendo de manera injusta las consecuencias.

Ahora bien,  sin duda alguna gobernar con el 9% de popularidad es un reto bastante difícil para Rousseff, como para cualquier otro presidente del mundo. Días tras día hay movilizaciones en su contra; los medios están detrás de ella; la economía está en decrecimiento y; la inflación -que ha llegado al tope de 8%-incrementa a pasos de gigante. Y más si se tiene en cuenta, "que la Presidenta está en estado de sitio, sin la aprobación del Congreso y en riesgo de ser sometida a un juicio político. Esa  posibilidad hace unos meses estaba en el 10% t hoy se ubica en el 30%”, como dijo Rodrigo Constantino, presidente del Instituto Liberal.

En todo caso, Brasil cuenta con unas instituciones sólidas para surtir este capítulo de su historia. Si bien, la rampante corrupción es tan grande como su geografía nacional, por el momento nadie habla de golpe militar, ni se han visto escenas de violencia para derrocar al gobierno. Además, el poder judicial se ha caracterizado por un alto grado de independencia.

Por ello, lo deseable es que la Corte Suprema avance de manera expedita en las investigaciones y vincule a todos los culpables de la "operación lavado de carros". Esa es, por tanto, la mayor esperanza que tienen los brasileros en el momento. Porque en el gobierno ya perdieron toda clase de expectativa.