Ante un juez de conocimiento, el sargento segundo del Ejército Nacional, Juan Carlos Molina González, aceptó ser el responsable de los cargos de fraude procesal, estafa agravada en grado de tentativa y falsedad material en documento público.

El procesado en audiencia pública pidió perdón a su familia, a los ciudadanos y a su hijo recién nacido por los hechos delictivos que lo relacionan con el trámite de certificaciones para indemnizaciones o por pérdida de capacidad laboral o incapacidades por enfermedad, al interior del Ministerio de Defensa Nacional.

La delegada del ente acusador manifestó, al justificar el preacuerdo, que se trata de delitos graves contra el patrimonio público, pero que al mostrar su voluntad de colaborar con información importante, sería beneficiado con una pena de entre 32 y 108 meses de prisión.

Según las investigaciones, el uniformado hacía parte de la red que tramita indemnizaciones mediante la alteración de los conceptos médicos emitidos por especialistas de la Dirección de Sanidad o la red externa.