Colombia prepara una ofensiva jurídica contra un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre límites en el Caribe con Nicaragua, y para ello contrató a abogados en Gran Bretaña, anunció ayer la canciller María Angélica Holguín.
"Hemos contratado a una firma inglesa, que va a hacer el estudio del fallo y nos va a guiar en la posibilidad de anteponer recursos ante la corte", dijo Holguín en un encuentro con la prensa en Bogotá.
Indicó que se tiene prevista una primera reunión con los abogados en Francia el 7 de enero próximo, con el fin de tener "la primera impresión sobre las posibilidades de los distintos recursos".
"A principios del año entrante tendremos más claridad sobre esto", previó.
El pasado 19 de noviembre la CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.
El presidente Juan Manuel Santos advirtió sin embargo que este criterio aplicará siempre que se garanticen los derechos de los habitantes de las islas, incluyendo el archipiélago de San Andrés, que viven de la pesca y sienten miedo de ver su actividad interrumpida por las autoridades nicaragüenses.
Tras la sentencia, Colombia denunció el Pacto de Bogotá, un acuerdo que data de 1948 y mediante el que reconocía la competencia de la CIJ para dirimir disputas fronterizas con otros países.
Además de la cuestión de la pesca, a Colombia le preocupa la preservación del medio ambiente en la zona, dado que Nicaragua podría explotar petróleo.
Estos son los "temas fundamentales" que Colombia tiene la intención de defender ante la Corte Internacional de Justicia , dijo Holguín.
"La estrategia de Colombia es que los pescadores puedan pescar y puedan seguir haciendo lo que han hecho la vida entera durante más de 200 años", indicó Holguín, quien el lunes le presentó en Nueva York a la Secretaría General de la ONU los reparos a esa decisión.
Luna verde
Unas 300 familias raizales concentran su actividad de pesca en un 70 por ciento en la zona conocida como “la esquina de la Luna Verde”, cuya explotación económica fue cedida a Nicaragua por el fallo.
Según confirmó Rosana Torres, dirigente de una de las cooperativas pesqueras de la isla, la decisión de establecer 12 millas para que los isleños colombianos puedan realizar su actividad en los cayos de Quitasueño y Serrana no es suficiente para el número de personas que viven de esta actividad.
La zona más al norte que deberá ceder Colombia con el fallo es un importante banco pesquero de donde los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sacan gran parte de su despensa alimenticia.
“Lógicamente con la reducción de la cantidad de capturas, para la misma comunidad, para la misma dieta de los habitantes del archipiélago, pues lógicamente esto puede tener un tipo de consecuencia”, señaló Elizabeth Taylor, directora de asuntos marinos del Ministerio de Ambiente.
Según datos del ICA y la Secretaría de Pesca, en San Andrés Islas, existe una flota pesquera de 120 embarcaciones legales de las cuales 80 son nacionales.
Según Hugo Wilson, de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de San Andrés, de las 150 toneladas de langosta y 895 toneladas de peces asignadas al departamento como cuota global de pesca, el 75 por ciento estaría en la zona entregada a Nicaragua.
De acuerdo con Carlos Alberto Vargas, investigador del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, “al menos en teoría, la cuenca de los cayos contendría cerca de 6.000 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), pero confirmarlo exige no solo nueva sísmica, sino comprobar la existencia de sistemas petrolíferos mediante la perforación de pozos”.
De hecho, recordó, “a través de licitación pública, el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), asignó dos bloques para explorar un segmento del límite occidental de la cuenca de los cayos a la empresa privada Repsol y nuestra estatal Ecopetrol”.
Hace poco más de un mes, el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos norteamericano William Brownfield, expresó que el gobierno de Estados Unidos considera que la fuerte presión que se ejerce contra el narcotráfico en México y América Central llevará a que los narcotraficantes muevan sus rutas hacia las islas del Caribe.