colusión, concentración y cartelización, se han convertido en el dolor de cabeza para los municipios y entidades territoriales.

Este plan diseñado por el auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, está respaldado no solo por los demás entes de control, sino por el desarrollo tecnológico de la entidad.

Mediante este respaldo, la AGR ha logrado descubrir que actualmente la contratación directa en el país supera  la licitación pública en  $7,7 billones (600%).

Por ejemplo, explica el Auditor, que en la región Caribe la contratación directa llega a 73%, en Centro oriente llega al 80%, en el Eje cafetero es del 81%, en el Pacífico es de 80%, en los Llanos Orientales llega a 64% y en la región Centro sur, la contratación directa es del 75%.

Señala el auditor que la unión de varias  personas naturales y/o jurídicas que se  “camuflan” a través de uniones temporales y consorcios con el fin de salir favorecidos en los diferentes procesos contractuales que se realizan en el país, generan un alto riesgo de  monopolios en los negocios con el Estado.

Entre 2014 y 2016 en el nivel territorial se contrataron a través de Uniones Temporales y Consorcios $20 billones, correspondientes al 21%.

Las redes

Precisamente, en un reciente foro de Connectas, la Fiscalía General de la Nación dijo que en un primer análisis a un informe de la Auditoría General de la República, concluyó que en esas redes coinciden los socios, unas veces como gestores, otras como capitalistas, pero siempre son los mismos.

“En los últimos dos años, las entidades territoriales han contratado con estas mallas más de $20 billones, de ese monto, al menos $8,1 billones han sido contratados con oferente único, práctica que se está consolidando a lo largo de los entes territoriales y que ya ha sido denunciada por el Vicepresidente de la República y la propia Cámara Colombiana de la Infraestructura”, explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

Martínez citó como ejemplo a una de las mallas, aunque sin identificarla, ni a sus dueños: “Integrada por los mismos socios, revisores e interventores, con compañías que utilizan un ropaje nominal diferente, es decir, denominaciones que cambian para cada contratación, ha recibido contratos hasta la fecha por $6,1 billones, a través de 801 consorcios en 29 departamentos del país”.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció la conformación de un grupo élite que se encargará de investigar los casos de cartelización empresarial en las contrataciones públicas.

Robledo dijo que el Ministerio de Hacienda destinó una partida especial de $7.000 millones para la conformación de este grupo élite.

“Este grupo fortalecerá la labor que venimos haciendo para combatir las prácticas anticompetitivas y la cartelización empresarial al interior de licitaciones públicas”, señaló.

Multas y penas

Los responsables de este tipo de conductas están expuestos a pago de multas y a penas privativas de la libertad, ya que se constituyen en un delito que es investigado por la Fiscalía y sancionado  por jueces penales.

Robledo sostuvo que la lucha contra la cartelización empresarial en las licitaciones públicas es una tarea que aún debe mejorar y para ello trabajará estrechamente con la Fiscalía General de la Nación.

La cartelización en las licitaciones públicas se presenta cuando dos contratistas se ponen de acuerdo para presentar sus ofertas y simular estar compitiendo cuando no lo está haciendo. Los daños económicos son incalculables para el Estado. “Este dinero se malgasta no por culpa del Estado sino de empresarios delincuentes que se pusieron de acuerdo en las licitaciones públicas para amañarlas y ganarlas ilícitamente”, añadió.

Precisamente, para poder avanzar en el control de las cuentas, está la implementación de un nuevo aplicativo para la rendición de cuentas, denominado SIA-Observa, el cual busca unificar los sistemas de información de la contratación pública, para la identificación de riesgos en tiempo real y activación oportuna de mecanismos de control fiscal en los casos riesgosos.

La estrategia

El SIA-Observa constituye una estrategia de vigilancia y control, que permite a la AGR realizar su misión de ayudar y contribuir al mejoramiento de las contralorías, mediante la generación de información y análisis sobre el comportamiento contractual y presupuestal de las entidades territoriales que administran recursos públicos. Se rinde cuenta mensualmente y se entregan al país resultados oportunos.

A través de este aplicativo, 7.631 entidades reportan información,  aportando datos de 530.016 contratos por una suma cercana a 17,2 billones de pesos.

 

En lo corrido del periodo, la Entidad ha obtenido resultados importantes tales como el acceso en línea a través de sus aplicativos para conocer cuál es el presupuesto público; qué sucede con los recursos; cómo y con quién se ejecutan los recursos.

Igualmente, ha propiciado la modernización del sistema de rendición de cuentas que realizan 65 sujetos de control y sus vigilados, mediante el cual se reporta de manera electrónica y mensual [antes se realizaba semestralmente], la información  presupuestal y de contratación, dentro de los  5 días siguientes en que se ejecuta el presupuesto.

 

Un nuevo control fiscal

La AGR ha abogado por un mejoramiento integral del sistema de Control Fiscal colombiano. Por eso, desde este año asumió el liderazgo Conpes referido a un diagnóstico y propuesta de cambios normativos que requiere el control fiscal territorial, con el DNP, la CGR y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Así mismo ha articulado esfuerzos del nivel central en cabeza de la Contraloría General de la República y del ámbito territorial para sugerir mejoras a los modelos de control y vigilancia.

 

El eje de vigilancia y control

Con el propósito de articular el control social al trabajo que desarrollan los organismos de control fiscal, la AGR ha establecido nuevas estrategias de interacción con la ciudadanía.

Es así como se han tramitado más de 1.000 denuncias ciudadanas, siendo importante insumo del proceso auditor las necesidades de control del ciudadano.  De igual manera se han creado y fomentado estrategias de redes sociales ofertando los servicios de la entidad, garantizando visibilidad y acceso de la ciudadanía a las herramientas de control, y ha dispuesto una importante oferta de capacitación en control y vigilancia para funcionarios del control fiscal y, principalmente, a veedores y actores sociales mejorando con ello la calidad de la denuncia y del control social.

 

EL PLAN de las 3C, plan diseñado por el auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, está respaldado por los demás entes de control./ENS

 

LA MAYOR parte del manejo de las mallas, se da en las licitaciones de infraestructura vial./ENS

 

RECUADRO

Contratación

• $8,1 billones contratados por posibles mallas empresariales.
• 78 mallas empresariales en todos los sectores.
• 1.100 consorcios y uniones temporales.
• Más de 3.100 socios.
• 10 mallas en alimentación escolar ($418 mil millones).
• 8 mallas relacionadas con el sector salud. ($122 mil millones).
• 2 mallas en temas de seguridad / vigilancia ($28 mil millones).
• La malla más importante concentra el 80% de estos contratos ($6,3 billones).

Departamentos con mayor cantidad de mallas: Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca.

Departamentos con mayores recursos en mallas: Meta, Antioquia, Casanare, Santander, Cesar y Córdoba.