El exfuncionario estaba privado de la libertad por ser uno de los implicados en los sobornos que pagó en el país la empresa Odebrecht para adjudicarse infraestructuras públicas.
Además de los cinco millones de pesos de fianza (unos 104.000 dólares), el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, también impuso a Castellanos impedimento de salida del país y presentación cada mes ante la Procuraduría General de Justicia.
Castellanos permaneció bajo custodia desde el 2 de agosto pasado cuando regresó al país procedente de Guatemala, para convertirse en el último de los 14 imputados en los sobornos de Odebrecht en enfrentar la Justicia.
"Nuestro cliente responderá jurídicamente en el momento oportuno a las indagaciones que realiza el Ministerio Público, que tiene ocho meses para concluir sus investigaciones en torno al caso", dijo el abogado de Castellanos, Marino Elsevif.
